“No soy proterrorista ni he afirmado que al camarada Tito lo ejecutaron, eso es algo que debe aclarar la justicia, no yo”, precisó en RPP el electo integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Francisco Eguiguren.

Según refirió, su preocupación en este caso pasa por el hecho de que han transcurrido 18 años de la operación y no se tiene un caso judicial interno resuelto, que diga si hubo o no ejecución extrajudicial y quién es responsable.

“Y cuando un tribunal internacional mira eso, preocupa que nos imputen que no se cumplió el debido proceso por vencimiento de plazo razonable, que pasó un número largo de años y la justicia de país no ha terminado con identificar el caso, cerrarlo, decidir si hubo o no responsables”, añadió.

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Indicó también que cuando dijo que si se pierde por el tema del plazo razonable, lo que debe importar es cómo; es decir, que no le imputen ningún tipo de responsabilidades adicionales al Perú ni indemnizaciones, y que no se haga nada contra los comandos Chavín de Huántar.

Eguiguren consideró que las críticas que recibió el miércoles por parte de algunos políticos de oposición son muestra de intolerancia y autoritarismo, y que solo buscan votos para su próxima reelección.

Chavín de Huántar fue la operación de rescate de los rehenes capturados por miembros del MRTA en la residencia del embajador de Japón en Lima. Fue llevada a cabo por comandos del Ejército el 22 de abril de 1997.

Familiares de algunos de los terroristas muertos en esta operación, como el del “camarada Tito”, llevaron el caso ante la Corte IDH, argumentando ejecuciones extrajudiciales, algo rechazado por el Estado peruano.

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