Así fue el allanamiento de viviendas de árbitros por el caso Odebrecht

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	Fiscales y policías allanaron unos 17 inmuebles en el marco de las investigaciones del caso Odebrecht. En la imagen, la diligencia en la Av. Dos de Mayo 1259, San Isidro. (Foto: Manuel Melgar / GEC)

Fiscales y policías allanaron unos 17 inmuebles en el marco de las investigaciones del caso Odebrecht. En la imagen, la diligencia en la Av. Dos de Mayo 1259, San Isidro. (Foto: Manuel Melgar / GEC)

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Redacción Peru.com05.02.2019 / 19:47 PM

Este martes, el equipo especial para el Caso Lava Jato del Ministerio Público allanó 17 inmuebles de árbitros y dos ex funcionarios públicos investigados por presuntamente haber emitido laudos que favorecieron a la empresa brasileña Odebrecht.

Estos árbitros presuntamente habrían permitido que Odebrecht cobre millones de dólares al Estado peruano, según informó El Comercio.

La investigación está a cargo del fiscal Germán Juárez Atoche. Los fiscales adjuntos de su despacho realizaron las diligencias en distritos de Lima como San Isidro, Lince, el Agustino, Surco, Miraflores, entre otros.

Las viviendas corresponden al ex procurador público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones Jaime José Vales Carrillo; el ex director de Concesiones del MTC Celso Martín Gamarra Roig y los árbitros Franz Nunzio Fernando Kundmuller, Fernando Cantuarias Salaverry, Luis Fernando Pebe Romero, Luis Felipe Pardo Narvaez y Randol Edgard Campos Flores.

Como se recuerda, la fiscalía amplió la investigación a un grupo de árbitros y a los ex funcionarios para determinar si es que favorecieron a Odebrecht a través de fallos que habrían permitido a la empresa brasileña cobrar millones de dólares al Estado.

Entre los árbitros investigados está el abogado Humberto Abanto, quien ejerce la defensa del ex secretario general de Fuerza Popular Jaime Yoshiyama, investigado por el presunto delito de lavado de activos.

La medida de allanamiento también fue solicitada para los inmuebles de Abanto; sin embargo, este caso específico no fue admitido por el juez Manuel Chuyo Zavaleta, titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria del Sistema Especializado de Corrupción de Funcionarios.



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