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Luego que la Fiscalía de la Nación pidiera 18 meses de prisión preventiva por supuestos actos de corrupción (recibir sobornos) cuando fue gobernador regional de Moquegua (2011-2014), el expresidente Martín Vizcarra aseguró que es víctima de una “persecución política”.
“Hay una persecución política, por un lado, del Jurado Nacional de Elecciones” y por otro “los que se han sentido afectados con el cierre del Congreso, grupos políticos, económicos, por las medidas que tomamos durante mi Gobierno”, dijo Vizcarra, actual candidato al Congreso por el partido Somos Perú en las Elecciones 2021.
“Ahora, no puede prestarse el Ministerio Público para ser parte de esta venganza política. Estamos absolutamente indignados, pero optimistas”, añadió el exmandatario (2018-2020).
El próximo miércoles, la jueza María Álvarez evaluará el pedido de prisión preventiva por 18 meses planteada por el fiscal Germán Juárez contra Vizcarra por los delitos de cohecho, colusión y asociación ilícita para delinquir.
Vizcarra acusó a Juárez de “usar este pedido para afectar nuestra candidatura”, a pesar de que tiene arraigo y que “todos saben dónde vivo (…) ¿Qué mayor arraigo que estoy postulando al Congreso?”, afirmó.
Vizcarra es investigado por presuntamente haber recibido un total de 2,3 millones de soles (unos 647.000 dólares) entre 2013 y 2014, cuando era gobernador de Moquegua, supuestamente de empresas de la construcción que se encargaron de las obras de un hospital regional y un proyecto de irrigación.
El fiscal Juárez, que integra el equipo que investiga el caso Lava Jato en Perú, abrió en octubre pasado una investigación preliminar contra Vizcarra, quien por entonces era presidente, por la presunta comisión de los delitos de cohecho y colusión en agravio del Estado.
En ese momento, Vizcarra dijo que respetaba la independencia de poderes y que acataría las determinaciones del Ministerio Público.
Sin embargo, después de que medios locales ofrecieran detalles de estas acusaciones, el Congreso que dominaba la oposición sometió a Vizcarra a un juicio político y, finalmente, lo destituyó de la jefatura del Estado, el 9 de noviembre, por “incapacidad moral”.