El juez Jorge Chávez Tamariz, de la Corte Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, acogió en parte el pedido de la fiscalía y ordenó 18 meses de prisión preventiva contra , exgerente municipal durante la gestión de (2011-2014), quien es investigado por los aportes ilegales de OAS y Odebrecht a las campañas de la exburgomaestre.

“Considero que debo aclarar fundada en parte la petición del Ministerio Público de variar la medida restrictiva de comparecencia con restricción por la prisión preventiva”, dijo el magistrado, tras precisar que consideraba que 18 meses es un plazo adecuado para una investigación ya avanzada como es en los casos de Villarán y Castro.

“Un año y medio resulta razonable, y si se considera que no alcanza ese tiempo, debidamente justificado se podrá solicitar una ampliación”, añadió el juez.

La fiscalía indicó al magistrado que apelará el plazo de la medida restrictiva, mientras que la defensa de Castro informó que hará lo propio en todos los extremos de la resolución.

Nota original

Según la tesis fiscal,José Miguel Castro habría cometido los delitos de asociación ilícita para delinquir, cohecho pasivo propio y lavado de activos.

“En relación con el primer ilícito penal, se le imputa haber sido el segundo al mando de la organización criminal liderada por Susana Villarán de la Puente habiendo pedido a las empresas que tenían interés con la Municipalidad Metropolitana de Lima […] dinero para financiar la campaña por la No revocatoria de Villarán de la Puente y también la campaña por la reelección de la misma”, inició sus sustento la fiscal Ángela Zuloaga, del equipo especial Lava Jato.

Agregó que según lo señalado por el ex representante de en el Perú, Jorge Barata, en sus declaraciones a los fiscales peruanos, “el codinombre ‘Budian’ era José Miguel Castro Gutiérrez”.

“Este hecho ha sido corroborado también por la declaración de Raúl Ribeiro Pereira Neto, que dice que el monto pagado está vinculado con la obra, pero además dice que la identificación de ‘Budian’ es José Miguel Castro”, manifestó Zuloaga.

Como nuevos elementos, el Ministerio Público presentó las declaraciones de diversos colaboradores eficaces, entre ellos 101-2019, quien indicó que Castro Gutiérrez pidió la “entrega de recursos ilícitos para la campaña de la señora Villarán que serían pagados por medio de contratos en Brasil a nombre del señor Valdemir Garreta, contratos con la empresa Ogilvy y remesas de la Caja dos a ser entregadas por el señor Luis Gómez Cornejo”.

El mismo colaborador señaló que Castro pidió para la campaña de reelección de la suma de 4 millones de dólares.

“José Miguel Castro decía que por el tamaño del proyecto era lo que te tocaba pagar. Clara vinculación de las obras o de la obra en este caso Línea Amarilla con la petición de dinero de Castro Gutiérrez en las campañas políticas de Villarán de la Puente”, aseveró la fiscal.

Su exposición también se sustentó en lo declarado por otros colaboradores eficaces tales como el 105-2019, 110-2019, 120-2019, 130-2019, 140-2019 y 145-2019.

A su turno, el abogado de José Miguel Castro, Benji Espinoza Ramos, solicitó se declare infundado el pedido de la fiscalía de modificar la comparecencia con restricciones por la prisión preventiva, “en atención al derecho a la presunción de inocencia y la libertad”.

Anunció que no iba a refutar los argumentos de la fiscalía en cuanto a los elementos de convicción, pero sí se iba a centrar en el “peligro procesal y proporcionalidad”.

Finalmente, informó que solicitará una pericia fonética de los audios propalados en medios de comunicación de conversaciones entre su defendido, Susana Villarán y Gabriel Prado.

“Mi cliente no reconoce su voz en los audios que se han propalado y por eso la defensa solicitará como corresponde que se haga una pericia fonética de homologación de voz”, precisó Espinoza Ramos.