La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) pidió, en un comunicado, la renuncia del ministro del Interior, Daniel Urresti, quien está incluido en una investigación por el asesinato, en 1988, del comunicador Hugo Bustíos.

La ANP afirmó que Urresti no puede seguir ocupando la cartera del Interior, que se encarga de la seguridad ciudadana y la lucha contra la delincuencia, y pidió a los órganos de justicia que eviten que el caso quede impune.

“El ejercicio de tan importante función pública corresponde a los ciudadanos legitimados por la transparencia de su comportamiento como tales, que se contrapone cuando median acusaciones de carácter judicial”, remarcó el gremio periodístico.

Agregó que la Fiscalía y el Poder Judicial deben evitar “dilaciones que hacen temer que el caso concluya en otro precedente de impunidad, lo cual acarrearía la mayor desconfianza ciudadana frente a la justicia y una demostración de la falta de capacidad funcional de las instituciones estatales”.

Urresti, un general retirado del Ejército que asumió el cargo hace dos semanas, fue jefe de la Sección de Inteligencia S-2 en la región sureña de Ayacucho y es investigado desde el año pasado como presunto autor mediato del asesinato de Bustíos, ocurrido el 24 de noviembre de 1988.

La justicia peruana condenó a dos militares como autores materiales del asesinato, pero uno de los sentenciados, Amador Vidal, que recibió 15 años de prisión, señaló recientemente a Urresti como presunto autor mediato del asesinato.

Tras revelarse la investigación contra Urresti, el presidente de Perú, Ollanta Humala, expresó su respaldo al ministro quien, según dijo, le informó del proceso judicial cuando le propuso ocupar el cargo.

La ANP expresó este sábado, sin embargo, su desacuerdo con la posición de Humala y consideró que “por razones políticas hace pública una posición que puede interpretarse como un olvido del deber del Estado de proteger los derechos humanos”.

Aseguro, además, que esto es “al mismo tiempo, una intromisión a la garantía del debido proceso y la protección jurídica efectiva”.

Fuente: EFE

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