El presidente del Congreso, , denunció una “utilización política” frente a la demora que hubo en el proceso de notificación a la fiscalía sobre la acusación contra el destituido juez supremo .

“Lamento que se quiera hacer uso político de esta situación solicitando al presidente del Congreso que dé un paso al costado o que renuncie, o insinuando que van a presentar nuevamente una moción de censura contra la Mesa”, dijo en conferencia de prensa.

Salaverry cuestionó que dichos comentarios provengan de los congresistas que defendieron en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales a César Hinostroza y a los ex miembros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

“Me llama la atención que aquellos congresistas que defendieron a capa y espada en las comisiones para que no se les denuncie y no se les inhabilite, ahora quieran responsabilizarme de una probable fuga del señor Hinostroza cuando hace meses tenía impedimento de salida del país por mandato judicial”, señaló.

“Esta inestabilidad constante de querer traerse abajo la mesa lo único que origina es justamente beneficiar a todos aquellos que aún están siendo procesados en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y que aún están pendientes sus casos”, agregó.

El Consejo Directivo del Congreso se reunirá mañana, a las 8:30 horas, para debatir la remoción de altos funcionarios de su institución: el oficial mayor, José Abanto; el director general parlamentario, César Delgado; y la jefa del Gabinete de Asesores, Patricia Robinson.

Daniel Salaverry aseguró, además, que realizará un “proceso de investigación profunda” para determinar la responsabilidad administrativa y penal de los implicados.

“Si es que ha habido un tipo de responsabilidad penal por esta demora, y pierdan cuidado que, si es así, vamos a instruir para que el procurador público del Congreso haga las denuncias penales respectivas”, aseveró.

Finalmente precisó que una posible fuga del exmagistrado Hinostroza no será responsabilidad del Congreso de la República puesto que ya cuenta con un impedimento de salida del país, dictada por el Poder Judicial, desde julio pasado.