Contraloría advierte retroceso en la lucha contra la corrupción y la inconducta funcional

Contraloría advierte retroceso en la lucha contra la corrupción y la inconducta funcional
Contraloría advierte riesgos en avance de lucha contra la corrupción. (Foto: GEC)

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Redacción Peru.com24.04.2019 / 16:56 PM

La Contraloría General consideró como un retroceso en la lucha contra la corrupción y la impunidad administrativa, la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional (TC) que imposibilidad el ejercicio de su facultad de sancionar administrativamente a los funcionarios y servidores públicos que incurran o hayan incurrido en una inconducta funcional.

En este contexto, quedarían sin sanción funcionarios de obras públicas en donde se demostró actos de inconducta y corrupción como el tramo 2 del Metro de Lima, en cuya auditoría se identificó una presunta responsabilidad a 13 funcionarios de la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao (AATE), quienes habrían ocasionado un perjuicio económico por más de US$ 20 millones.

Asimismo, respecto al Aeropuerto Internacional de Chinchero, en Cusco, se detectó la presunta responsabilidad administrativa en 10 funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Economía y Finanzas y Ositrán. Las irregularidades en la suscripción de la adenda podrían ocasionar un perjuicio económico de US$ 40.6 millones.

En el Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao S.A. (Eslimp Callao) de la Municipalidad Provincial del Callao, se evidenciaron pagos de servicios de recolección, transporte y disposición final de desmonte en el Callo que no se brindaron, así como la aprobación, autorización y tramitación de servicios de forma irregular, ocasionando un perjuicio económico por cerca de S/60 millones; y donde se halló presunta responsabilidad a 11 funcionarios.

El contralor Nelson Shack afirmó que el fallo del TC estaría librando de responsabilidad a más de 15 mil funcionarios y servidores públicos, a quienes se determinó responsabilidad administrativa y que se encuentran en pleno proceso sancionador por la Contraloría.

“La sentencia emitida por el Tribunal Constitucional modifica el ordenamiento jurídico afectando los esfuerzos desplegados por el Sistema Nacional de Control en la identificación y sanción a los malos funcionarios presuntamente responsables de haber incumplido sus funciones y/o afectado los intereses del Estado, y que han sido comprendidos en los informes de control y sobre quienes se venían determinando responsabilidades administrativas con sanciones de suspensión e inhabilitación para el ejercicio de la función pública. Con esta decisión los Procesos Administrativos Sancionadores ya no podrán continuar”, manifestó.

Agregó que con esta decisión “no solo se suspenderán los procedimientos en marcha y se desestabiliza el Procedimiento Administrativo Sancionador” sino que desaparecen “las infracciones por las inconductas funcionales atribuidas a los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los informes de control emitidos y los que estén por emitirse”.

“En resumidas cuentas, solo se observarán los hechos irregulares, pero no podrán emitirse sanciones administrativas tal como de manera efectiva venía imponiendo la Contraloría”, destacó Shack.

Medidas de la Contraloría

El contralor señaló que si bien respetan la decisión tomada por el TC, presentarán una propuesta legislativa que garantice y restablezca el ejercicio de la potestad sancionadora de la Contraloría General.

Asimismo, exhortó al Ejecutivo y al Congreso a “unir esfuerzos” en las acciones e iniciativas legislativas para que los actos de corrupción e inconducta funcional no queden impunes.



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