El Congreso, a través de un informe de la Oficina de Asesoría Jurídica, concluyó que no existe incompatibilidad entre la función de un parlamentario y su condición de accionista minoritario de una empresa dedicada a la actividad minera, como es el caso de la ministra de la Mujer, Carmen Omonte.

El documento, analizado de modo general y elaborado a pedido del segundo vicepresidente del Legislativo, Luis Iberico, coincide con las opiniones vertidas por diversos abogados constitucionalistas, en el sentido de que la condición de accionista minoritaria de Omonte en Cemento Amazónico no es contraria a la ley.

“La Constitución Política y el Reglamento del Congreso establecen, entre otros, la incompatibilidad legal entre el desempeño de la función congresal y la función de accionista mayoritario de personas jurídicas (empresas) que contraten con el Estado o el Ejercicio de cargos de representación de tales personas jurídicas para obtener concesiones del Estado”, señala parte del informe.

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