El legislador de Gana Perú Emiliano Apaza afronta la misma situación judicial que obligó al Congreso a desaforar a Rocío González Zúñiga, conocida con el apelativo de la ‘Robaluz’, en 2009. Este legislador oficialista se encuentra, actualmente, purgando una condena de cuatro años de prisión suspendida, dictada el 18 de agosto de 2010.

Según un reporte de la Corte Suprema de Justicia, la sentencia fue dictada por el primer Juzgado Penal Liquidador de la provincia de San Román, por el delito de receptación aduanera agravada (contrabando). La condena quedó consentida el 7 de setiembre de ese año.

El caso llegó al Congreso cuando la prensa reportó que el oficialista no consignó esta sentencia en la hoja de vida que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) al momento de inscribir su candidatura en febrero de 2011. Este hecho se encuentra en etapa de investigación en la Comisión de Ética.

Lo que el Legislativo no había reparado (como advierten los propios legisladores) es el precedente del caso de la ‘Robaluz’ por el cual se procede al desafuero de legisladores con condena vigente por delitos contra el Estado.

El caso de la ‘Robaluz’ dejó establecido que ningún parlamentario puede ejercer el cargo si no cuenta con la plena ciudadanía vigente. Además, la Constitución señala (artículo 33°, numeral 2) que el ejercicio de la ciudadanía se suspende “por sentencia privativa de la libertad”.

“Cuando la Constitución se refiere a sentencia privativa de libertad está incluyendo a las condenas suspendidas y a las condicionales porque para efectos judiciales tienen el mismo valor”, manifestó el penalista Mario Amoretti a Perú.21.

Fuente: Perú.21

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