Como primer punto, planteó aprovechar la Ley de Seguridad Privada para que empresas particulares brinden logística y asesoría en temas de seguridad.

Impulsar la videovigilancia en todos los distritos, sin discriminación alguna, y destugurizar los penales mediante el uso de los grilletes electrónicos para reclusos.

Usar los 500 millones de dólares obtenidos gracias a la Ley de Pérdida de Dominio (decomiso de bienes e inmuebles a narcotraficantes) y utilizar el sistema de las obras por impuestos.

Finalmente, continuar con la transferencia de vigilancia penitenciaria al Ministerio de Justicia. Así, 9 mil policías solo en Lima para labores de seguridad.