Hace unos meses, la sectorial de Defensa de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), principal plataforma civil por la independencia, generó polémica cuando se conoció que trabajaba en el diseño de un ejército para una hipotética Cataluña independiente.

Según dicho estudio, Cataluña tendría un ejército que tendría un coste de unos 2 millones 584 mil 017 euros, un 1.3% del PBI (Producto Bruto Interno), y que estaría formado por 47 mil 696 militares en activo y 64 mil 352 reservistas.

El documento “Doctrina militar: desarrollo de un modelo propio” describía con todo detalle el hipotético cuerpo militar catalán, que dispondría de vehículos de combate, aviones de vigilancia aérea, corbetas, aviones de control y unidades de infantería ligera.

También se concretaba cómo se prestaría el servicio militar en Cataluña: Se haría de forma voluntaria y existiría una formación de reservistas, que intervendrían en el caso de una invasión. Asimismo, participaría en misiones internacionales de paz.

Con respecto a los extranjeros, entre ellos los peruanos, la política migratoria se articula en varios puntos:

-Paralización y anulación de la orden de expulsión para aquellas personas que tengan familiares de primer grado o que tengan familiares a cargo con dependencia reconocida y con vínculos en el territorio.

-Reconocimiento del derecho a votar en las consultas organizadas por los entes locales con el certificado de empadronamiento emitido con una antelación a un año a la fecha de la consulta, sea cual sea el país de procedencia.

-Reconocimiento del derecho a votar en las consultas organizada por el Parlamento de Cataluña en todas las personas con dos años de residencia continuada en el territorio, sea cual sea el país de procedencia y el tipo de autorización de residencia.

-Otorgar un documento catalán de autorización de trabajo (diferente al permiso de trabajo estatal) a personas en situación administrativa irregular que puedan demostrar la obtención de una titulación formativa reglada en Cataluña y dominio de la lengua catalana.

“Las personas inmigradas deben tener garantizada el acceso a la nacionalidad catalana el día fundacional del Estado catalán”, se lee en el texto, con los mismos criterios de residencia en el territorio que cualquier otro ciudadano del Estado español o de cualquier otro país europeo.

Fuente: Teinteresa.es

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