Los hechos ocurrieron al amanecer de aquel día en la Curva del Diablo, donde un contingente policial se enfrentó a un grupo de nativos que bloqueaba la vía desde hace once días en rechazo a los decretos legislativos 1090 y 1064.

En la refriega murieron 13 policías y diez nativos. El enfrentamiento se extendió hasta la ciudad de Bagua, donde muchos pobladores, entre ellos varios niños, resultaron heridos. En esas circunstancias desapareció el mayor PNP Felipe Bazán.

La ola de violencia se extendió hasta el día siguiente, cuando otro grupo de nativos que había ingresado a la estación 6 de Petroperú torturó y degolló a diez policías tomados como rehenes. Unos cuantos sobrevivieron. Fue el punto culminante.

El 18 de ese mismo mes el Congreso derogó los cuestionados decretos y el Gobierno tuvo que admitir sus errores. Sin embargo, a la fecha nadie ha sido sentenciado y aún no se han iniciado los juicios contra los presuntos responsables.

Tampoco se ha incluido a la entonces ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, quien dejó la responsabilidad en los generales Luis Muguraza, jefe de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía; y Javier Uribe, jefe de la Dirección Territorial San Martín-Amazonas.

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