La Contraloría General de la República detectó presuntas irregularidades en la ejecución del convenio de cooperación interinstitucional suscrito por el Gobierno Regional de Junín y la empresa de Servicios Industriales de la Marina (SIMA PERÚ S.A.) para la construcción del Puente Comuneros, valorizado en S/ 53 millones. La obra actualmente está paralizada e inoperativa.

Una auditoría a la mencionada obra advirtió que el propósito de los funcionarios habría sido evadir lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado. Se observó que, durante la ejecución del convenio, SIMA PERÚ S.A. subcontrató a empresas que se encargaron de la construcción de la obra por un monto menor, cuya diferencia supera los 10 millones de soles.

Asimismo, se identificó que el estudio de factibilidad y el expediente técnico para la construcción del puente fueron aprobados por funcionarios del gobierno regional sin considerar las condiciones técnicas necesarias, tales como rampas y vías de acceso.

Del mismo modo, se evidenció que el estudio de suelos no consideró ensayos por métodos geofísicos mediante perforaciones diamantinas, para determinar la estratigrafía del suelo y realizar un adecuado diseño para la cimentación, pese a ser recomendado en la etapa de factibilidad, lo que generó un adicional de obra de más de 5 millones de soles.

La Contraloría detectó que de acuerdo al monto contractual para la ejecución de la obra, correspondía la contratación de un supervisor de obra. Sin embargo, se designó a un inspector que no cumplía con los requisitos establecidos en la Ley de Contrataciones. Además, se efectuaron pagos por adelanto de materiales y valorizaciones cuyo avance físico no correspondía a lo ejecutado.

Finalmente, la comisión auditora identificó que los funcionarios del Gobierno Regional de Junín omitieron el cobro de penalidades por incumplimiento contractual.

Los indicios de irregularidades detectadas por la Contraloría fueron remitidos mediante una Carpeta de Control al Tercer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, para que inicie las acciones legales correspondientes.

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