Desde el pasado lunes 30 de noviembre, el sur y norte peruano han visto intensas protestas de agricultores pidiendo mejores condiciones de trabajo. Ante esto, y debido al consenso del Ejecutivo y el Legislativo para dar solución a la convulsión social, el Gobierno envió al Congreso de la República el proyecto de ley que busca modificar el régimen laboral agrario para que sea puesta en debate.
El proyecto fue firmado por el presidente de la República, Francisco Sagasti, como de la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez y dirigido hacia la titular del Congreso peruano, Mirtha Vásquez, con carácter de urgencia.
Pero ¿en qué consiste este proyecto de ley? Pues en la modificación del régimen laboral agrario estipulado en el Título III de la Ley 27360 (Normas de Promoción del Sector Agrario), pero también la derogación del numeral 7.2 del artículo 7.
Entre alguna de las añadiduras a este régimen destaca aquel que comprende “la prohibición de recurrir a mecanismo de intermediación laboral y tercerización de servicios (services) que impliquen una simple cesión de personal”.
En ese sentido, se detalla sobre las formas de contratación en el sector agrario: “En consecuencia, los empleadores de la actividad agraria deben contratar directamente a dicho personal, quedando exceptuados los supuestos de ocasionalidad y suplencia previstos en la Ley 27626, Ley que regula la actividad de las empresas especiales de servicios y de las cooperativas de trabajadores”.
En el artículo 7-A de dicha ley, se incluye lo siguiente respecto a los empleadores: “Garantizar condiciones de trabajo dignas y seguras a favor de sus trabajadores, que incluyen el traslado hacia los centros de labores, alimentación y lugares destinados a su disfrute”.
Esta medida busca ser un paliativo para las reivindicaciones sociales que exigen los agricultores que se encuentran aún en paro agrario, para lo cual los diversos actores involucrados han destacado la importancia del diálogo.
Sobre esto último, la Conferencia Episcopal, por medio de un comunicado, manifestó su preocupación por la situación en el sur y norte del país, pero sin dejar de recalcar que para dar soluciones a estos legítimos reclamos es importante sentarse a dialogar.
“Estamos convencidos de que el diálogo constituye el único camino para solucionar los problemas que puedan existir. Por ello, pedimos a todas las partes, trabajadores, empresarios y representaciones del Estado, promover espacios y decisiones necesarias para llegar a un acuerdo que ponga fin al caos, pero también a las diversas formas de explotación laboral”.