Mientras el gobierno continúa promocionando la inscripción al programa Beca 18, desde el año pasado cerca de tres mil jóvenes esperan a que el Estado cumpla con solventar sus estudios y su manutención, ya que se hicieron acreedores de una beca del programa “Apoyo a la Formación Profesional para la Inserción Laboral en el Perú – APROLAB II”.

Este beneficio educativo se les confirmó en julio del año pasado a dos mil 900 jóvenes en edades entre 14 y 29 años, de bajos recursos económicos, que cumplieron con los requisitos indicados, entre ellos no encontrarse estudiando ni trabajando.

Según el convenio entre el Ministerio de Educación y la Unión Europea, los becarios tenían asegurados los gastos de estadía, alimentación y pasajes, además de la oportunidad de ingresar al instituto Senati y desarrollar una carrera técnica.

No pasó ni un mes de iniciadas las clases y en un comunicado difundido en el portal web de APROLAB II se advertía a los becarios que los módulos a desarrollarse en las instalaciones de Senati quedaban “temporalmente suspendidos hasta nuevo aviso, debido a procedimientos administrativos que se venían realizando entre la delegación de la Unión Europea y el ministerio de Educación”.

Ante la insistencia por recuperar un beneficio que les fue arrebatado sin ninguna explicación concreta, el Comité de Jóvenes Becados y el congresista Yonhy Lescano han trabajado en conjunto para que el ministerio de Educación (MINEDU) emita un pronunciamiento donde se comunique la fecha en que podrán reanudar sus clases.

El congresista Yonhy Lescano sostuvo que esta semana presentará ante la presidencia del consejo de ministros la interpelación contra la ministra de Educación, Patricia Salas, y realizará una denuncia contra el viceministro de Gestión Pedagógica, José Vega, por este suceso.

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