El proceso de fiscalización inopinada se realizará en los 70 mil comercios e industrias existentes en Lima y Callao para comprobar si cumplen o no con los estándares fijados para el vertimiento de las aguas a los desagües.

Se explica que el arrojo excesivo de grasa y productos contaminantes neutralizan el proceso de tratamiento de las aguas residuales, lo que podría provocar que estas no lleguen totalmente limpias al mar y afectar a las especies marinas que van a las mesas de todos y también contaminar las playas.

Como consecuencia, el deterioro de las tuberías de desagüe es mayor y obliga a cambiarlas cada 10 o 15 años cuando en realidad deberían durar entre 30 y 50 años.

El daño ocasionado no se limita las tuberías de desagüe, sino que alcanza también a las estaciones de bombeo que tienen que mandar las aguas residuales a las plantas de tratamiento, las que deben ser reparadas o cambiadas con más frecuencia, y a las propias plantas cuya tecnología está diseñada para tratar aguas residuales domésticas.

En Lima y Callao existen alrededor de 12 mil kilómetros de tuberías de desagüe, lo que equivale a recorrer desde Tumbes a Tacna cinco veces.

Fuente: Agencia Andina

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