La rechazó el paro convocado para este martes 19 por un sector de transportistas y aseveró que no existe justificación para ejecutar dicha medida de fuerza, por lo que consideró que la acción tendría motivaciones políticas.

De acuerdo con el municipio limeño, esta mañana se tenía previsto una reunión entre representantes de la Cámara de Transporte de Lima —gremio que convoca a la paralización— y funcionarios de la Gerencia de Transporte Urbano (GTU), con el fin de conocer la problemática y analizar propuestas de solución en materia de transporte.

Sin embargo, la cita no se concretó debido a la falta de representatividad de los gremios de transporte.

Elvira Moscoso, titular de la GTU, cuestionó la falta de seriedad de los dirigentes transportistas y acusó a los dirigentes de estos gremios de tener una actitud intransigente ante el objetivo de ordenar y mejorar el servicio de transporte público en beneficio de la ciudad.

Dijo que no existen razones para paralizar el servicio de transporte y que la actual gestión municipal trabaja incansablemente en el ordenamiento del transporte y la implementación del sistema de transporte masivo en la ciudad.

La funcionaria consideró que los puntos expuestos por los transportistas como la revisión de las actas de control aplicadas a los malos transportistas y la renovación de las autorizaciones de las rutas de transporte, cuya vigencia vence el 31 de julio, vienen siendo analizados técnicamente y legalmente, teniendo en cuenta el periodo de la gestión municipal y la próxima creación de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU)

Plan de contingencia

Moscoso sostuvo que la medida de fuerza perjudicará a los cientos de usuarios de Lima y Callao, por lo que se ha solicitado a la Policía Nacional que garantice la seguridad de la población y de los transportistas que no acaten la paralización.

Asimismo, el municipio metropolitano coordina con el Ministerio Público la intervención de la Fiscalía de Prevención del delito como previsión frente a posibles actos vandálicos que alteren el orden público y causen daño material a bienes públicos y privados. (Andina)