. El presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, Marcos Cerna, afirmó que sería una “anomalía” que termine recibiendo una pena de 25 años de prisión efectiva por violar a una empadronadora en el Censo 2017, como pidió la ministra de la Mujer, Ana María Choquehuanca.

“Lo que correspondería es una sentencia de prisión entre 12 y 18 años, siempre y cuando se determine como agravante los puntos que menciona el Código Penal”, dijo a RPP Noticias.

¿cuáles son los agravantes?

- Si la violación es cometida a mano armada por dos o más sujetos.

- Si la persona que comete el acto está en posición de poder sobre la víctima o tiene relación de parentesco (conyugue conviviente de este, descendiente o hermano, por naturaleza o adopción o afines de la víctima), tiene una relación proveniente de un contrato de locación de servicios relación laboral o si la víctima le presta servicios como trabajador del hogar.

- Si fuere cometido por personal perteneciente a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Serenazgo, Policía Municipal o vigilancia privada, en ejercicio de su función pública.

- Si el autor tuviera conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual grave. Asimismo, si es docente o auxiliar de educación del centro educativo donde estudia la víctima, y si ésta tiene entre 14 y 18 años de edad.

“Ninguno de estos agravantes tipifica como el que le ocurrió a la empadronadora agredida”, explicó el titular de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur. Por ello, los años que se le asigna como pena es de 6 a 8 años, según el Código Penal.

la denuncia

La víctima de 36 años había acudido a censar una vivienda en el distrito de Villa El Salvador, como parte de la labor organizada por el INEI, pero al culminar con el cuestionario, el hombre que la recibió la retuvo en su casa.

El sospechoso identificado como Marco Antonio Luza encerró a la empadronadora en su casa y la condujo a una habitación donde abusó de ella.

Tras huir del lugar, la mujer acudió a su hermano para denunciar el delito, dado que su familiar era coordinador del INEI en la zona y tenía a su cargo a otros cinco empadronadores.

El hermano de la víctima denunció, a la prensa, que otro supervisor del INEI le ofreció dinero para que no haga público el abuso sexual, pero que lo rechazó y presentaron el caso ante la comisaría policial del sector.

Horas después del hecho, la Policía Nacional detuvo a Marco Antonio Luza para ser interrogado por el fiscal de turno y el examen médico legal confirmó la violación de la víctima.

Otros empadronadores que participaron en el censo también sufrieron incidentes, como asaltos y robos en las ciudades de Chiclayo, Sullana y Trujillo, dado que las calles permanecieron prácticamente desiertas por la orden de inamovilidad para la población.

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