Con el fin de optimizar el uso de los recursos policiales para luchar contra la inseguridad ciudadana, el Ministerio del Interior (Mininter) puso en funcionamiento el Sistema Informático de Planificación y Control del Patrullaje Policial (Sipcop), una herramienta que permitirá a los comisarios de todo el país monitorear por GPS y en tiempo real el recorrido de los vehículos policiales que estén en su jurisdicción.

El lugar escogido para implementar la primera etapa del Sipcop será San Juan de Lurigancho, el distrito con mayor población de Lima Metropolitana y que al día de hoy cuenta con ocho comisarías. Se prevé que para el mes de julio, la herramienta esté disponible en todas las demás dependencias policiales de Lima y el Callao.

El cronograma continuará con la implementación en las 10 ciudades más grandes del país, donde empezará a funcionar en octubre. Además, se prevé que para fin de año, la herramienta esté activa en aquellas zonas del país donde exista conectividad a internet.

El ministro del Interior, Carlos Basombrío Iglesias, precisó que este nuevo mecanismo busca facilitar la supervisión de cómo se emplean vehículos de la institución, a fin de garantizar su adecuado uso para el patrullaje.

“Los patrulleros no son puestos fijos de vigilancia. Tienen que estar donde la gente los necesita. Ahora los jefes de las comisarías van a poder saber dónde se encuentran exactamente sus vehículos y qué zonas están siendo desprotegidas. Eso hará que tomen decisiones más exactas para combatir la delincuencia en sus zonas”, dijo el ministro durante la presentación, llevada a cabo en la sede del Mininter.

Entre las principales utilidades que ofrece el Sipcop a los comisarios figura la posibilidad de conocer la hora en la que un determinado patrullero o motocicleta comenzó y terminó su recorrido, al igual que un trazado de su ruta, la velocidad a la que iba y la distancia cubierta en kilómetros. Toda la información quedará registrada, además, en un archivo histórico para su posterior evaluación.

Al sistema también tendrán acceso la Inspectoría General de la Policía Nacional y la Oficina de Integridad del Ministerio del Interior, con el objetivo de asegurar su correcto funcionamiento.

Fuente: Andina

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