El presidente de Perú, , le solicitó al Congreso que adelante el debate del nuevo juicio político que le abrieron, para que la moción que plantea destituirlo sea votada este viernes en lugar del lunes 9 de noviembre y así evitar más días de inestabilidad en su país.

Durante una declaración televisada desde el Palacio de Gobierno de Lima, Vizcarra aseguró este miércoles que la nueva iniciativa promovida desde el Congreso con la intención de destituirlo, la segunda en poco más de un mes, “no contribuye a la estabilidad política y económica del país”.

“Como demócrata, soy respetuoso de las decisiones del Parlamento, aunque no las comparto. Aquí no está en juego la continuidad del presidente, sino la estabilidad del país. La incertidumbre no puede paralizar al país”, apostilló.

El mandatario insistió en que esa incertidumbre “tiene la potencialidad de afectar a las inversiones y a la estabilidad del país”, por lo que consideró que “la respuesta final tiene que ser en el menor plazo para evitar los efectos perniciosos señalados”.

Futuro del país en juego

“No está en juego el futuro de una persona, de un político y de un Gobierno, está en juego el futuro del país, de la salud de los peruanos, de la estabilidad y de la gobernabilidad”, apuntó Vizcarra.

“Los poderes del Estado tenemos la obligación de obrar con sentido de la responsabilidad, seriedad y ponderación. Cada decisión debemos pensarla y ponderarla”, agregó.

Asimismo, Vizcarra mostró el apoyo por escrito que le han hecho llegar la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) y la Red de Municipalidades Rurales (Remurte).

La primera consideró que este segundo proceso de vacancia (destitución) del presidente sume a los 1.874 municipios de Perú “en un estado pleno de incertidumbre”.

La segunda advirtió “una oscura maniobra inaceptable porque busca generar escándalo público y más inestabilidad del país, en medio de una crisis sanitaria que pronostica una segunda peligrosa ola de contagios”.

Larga crisis entre poderes

El segundo juicio político abierto por el Congreso a Vizcarra en poco más de un mes es una señal de la debilidad del Ejecutivo, que carece de un partido oficialista en el hemiciclo, y agudiza la crisis entre ambos poderes, abierta desde las elecciones de 2016, cuando cada uno quedó de signos políticos distintos.

Para destituir al presidente, el Congreso necesita dos tercios de los 130 parlamentarios, lo que equivale a 87 votos a favor, algo de lo que se quedaron muy lejos en septiembre, cuando apenas consiguieron 32 apoyos.

En esa ocasión el motivo fue los presuntos vínculos que Vizcarra trató de ocultar con el histriónico cantante Richard “Swing” Cisneros, que recibió unos 50.000 dólares en distintas contrataciones del Ministerio de Cultura, de difícil justificación, desde que el mandatario está en el cargo.

Acusaciones de corrupción

Ahora, la moción se centra en las declaraciones de aspirantes a testigos protegidos que, como parte de su colaboración eficaz (delación premiada) con la Fiscalía, aseguraron que Vizcarra recibió sobornos cuando ejercía de gobernador de su natal región de Moquegua (2011-2014), ubicada en el sur del país.

Para intentar destituir al gobernante, el Congreso busca acogerse al artículo 113 de al Constitución y declarar su “incapacidad moral permanente”, una figura cuya interpretación está pendiente de decidir el Tribunal Constitucional, ya que en principio estaba reservada para casos de repentina incapacidad intelectual.

Ambos procesos suceden con la pandemia de la covid-19 aún activa en Perú, uno de los epicentros mundiales de la enfermedad, al concentrar más de 900.000 contagios y 34.000 muertes que le hacen ser el país con la tasa de mortalidad más alta del mundo, al promediar 105 muertos por cada 100.000 habitantes.

Con información de EFE