Una vez más el Congreso de Perú votó abrir un proceso de destitución contra el presidente, , acusado de “incapacidad moral permanente”, la segunda ocasión en la que los diputados buscan derribar al mandatario en menos de dos meses por supuestos actos de corrupción.

El pleno del Congreso, en una sesión virtual aprobó la admisión del trámite de destitución, o vacancia presidencial, por 60 votos a favor, 40 en contra y 18 abstenciones, por un presunto caso de corrupción cuando Vizcarra fue gobernador regional de Moquegua entre 2011 y 2016.

Aprobó además que el proceso (juicio político) se realice el próximo 9 de noviembre, cuando el jefe de Estado tendrá que acudir al Parlamento para presentar su defensa, o en todo caso sea representado por un abogado.

La eventual destitución de Vizcarra requiere de 87 votos, de un total de 130 legisladores, en un Parlamento donde no tiene bancada oficialista y su respaldo se diluye entre varios grupos políticos de la minoría.

Denuncias desde el Gobierno Regional

Este segundo pedido de destitución responde a la denuncia, presentada en medios periodísticos, de que Vizcarra recibió pagos millonarios a cambio de conceder obras públicas en Moquegua, de acuerdo a las declaraciones de varios aspirantes a colaboradores eficaces de la Justicia (delatores premiados).

Los testigos acusan a Vizcarra por dos casos distintos, vinculados a la trama del denominado “club de la construcción”, la supuesta asociación ilícita de varias empresas de infraestructuras peruanas para repartirse licitaciones públicas a cambio del pago de sobornos.

A raíz de esta denuncia, el fiscal Germán Juárez, de equipo especial de la fiscalía que lleva el caso Lava Jato, tiene previsto tomar mañana declaración a Vizcarra, quien niega las acusaciones vehementemente, en la investigación preliminar abierta por los delitos de colusión y asociación ilícita.

Sobre este caso, el jefe de Estado pidió este lunes a la fiscal de la Nación, Zoraida Avalos, que defina las competencias del Ministerio Público en esta investigación, dado que ya existen otras pesquisas en curso sobre su gestión regional en Moquegua.

Horas antes de la aprobación en el Congreso, Vizcarra declaró a la prensa que “un proceso de vacancia desestabiliza al país. Queremos seguir trabajando juntos sin desestabilizaciones, sin agendas propias de algún grupo político que quiere generar caos y desorden”, en referencia a los grupos que impulsan su destitución.

Grupo tras vacancia

El gobernante confiaba en que “las fuerzas democráticas del Congreso, que son las que priman y piensan en el bienestar de la población, no van a caer en el juego de un grupo político que quiere generar caos y desorden.”

El Gobierno atribuye ese caos y desorden al militar golpista preso Antauro Humala, hermano del expresidente Ollanta Humala (2011-2016), cuyos intereses políticos son defendidos en el Parlamento por Unión por el Perú, el partido que presentó el pedido.

Asimismo, Vizcarra insistió en que la mayoría de la población está en contra de su destitución y que la comisión parlamentaria que lo investiga por el primer pedido de vacancia, a raíz de la irregular contratación del cantante Richard ‘Swing’ Cisneros, aún no ha presentado su informe.

Sin embargo, más allá de UPP, otros partidos hicieron ver durante el debate en el pleno, como indicó el legislador Lenin Bazán del Frente Amplio que ningún político acusado de corrupción debe permanecer en su cargo y que por eso se defiende el pedido de destitución de Vizcarra.

El congresista Ricardo Burga de Acción Popular dijo que “no se pueden permitir más actos de corrupción, acá el señor Vizcarra ha sido acusado” y criticó a sus colegas que no quieren destituir al mandatario porque el país está atravesando por una pandemia.

A su vez, el legislador Alexander Lozano de Unión por el Perú confirmó que su grupo está a favor de la vacancia porque Vizcarra “ha faltado a la verdad ante el país”.

El representante del fujimorismo, Diethell Columbus de Fuerza Popular, aseguró que “lo mínimo que espera el país” es que el Congreso “admita a trámite la moción de vacancia” y que Vizcarra explique “qué está pasando” con las denuncias que han aparecido en su contra.

Primer pedido por Swing

El primer pedido de destitución presidencial se presentó en septiembre a raíz de una serie de grabaciones clandestinas, fruto de una “traición” de la asistente personal de Vizcarra, Karem Roca, en la que el mandatario parece querer ocultar varias reuniones con ‘Swing’, un desconocido músico que recibió injustificados contratos en el Estado supuestamente por ser amigo del gobernante.

Sin embargo, la mayoría de congresistas rechazó finalmente destituir a Vizcarra para mantener la estabilidad y después de que el presidente del Congreso, Manuel Merino, impulsor del proceso y quien asumiría el Gobierno, se contactó con las Fuerzas Armadas y buscó crear un ‘gobierno en la sombra’ antes incluso de que se conocieran las denuncias contra el mandatario.

Con información EFE