El Gobierno que preside el presidente aprobó la Política Nacional Penitenciaria al 2030, la cual tiene el objetivo de ejercer mayor respeto a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad otorgándoles mejores condiciones de vida en las cárceles, así como brindar mayores oportunidades para reinsertarse a la sociedad tras cumplir sus respectivas condenas.

La medida fue aprobada mediante el Decreto Supremo N° 011-2020-JUS y es la consecuencia de una política que data del 2019, la cual busca reducir el hacinamiento en las cárceles del país, así como mejorar la salud de los reos.

Otro de los puntos a los cuales apunta esta norma es promover la transparencia en los sistemas penitenciarios, implementar mayores estándares de seguridad en las cárceles, fortalecer la interoperabilidad, la reinserción, así como mejorar trato que reciben las personas que ya cumplieron su condena en prisión.

Como se recuerda, y producto del brote de coronavirus en el Perú, en mayo pasado entró en debate la calidad de vida y hacinamiento de los reos, factores que llevaron a que no poco porcentaje de la población penitenciaria contrajera la COVID-19.

En dicho momento, el Tribunal Constitucional llegó a calificar la realidad de las cárceles peruanas como “estado de cosas inconstitucional”.

Vale recordar que la Política Nacional Penitenciara al 2030 fue aprobada por el Consejo de Ministros en la sesión del pasado 23 de setiembre con la anuencia de entidades como el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) y el Consejo Nacional de Política Criminal (Conapoc).