La realizó hasta el momento 23 servicios de control al Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos y VI Parapanamericanos del 2019, como parte de su función de supervisar y verificar el uso transparente de los recursos y bienes del Estado.

Así lo informó el contralor general de la República, Nelson Shack Yalta, ante la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República.

Entre los principales riesgos reportados, mencionó que en la obra Villa Panamericana, la red de desagüe no se estaría instalando de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones, lo que generaría el riesgo de dificultad operativa en los controles de mantenimiento y limpieza de desagüe.

En los muros estructurales de la Villa Panamericana, se advirtió la presencia de vacíos de concreto (cangrejeras), inclusive con el acero de refuerzo expuesto. Asimismo, se observó la segregación del concreto, posterior al desenfrocado, lo que ocasionaría el riesgo de afectación de la resistencia y durabilidad del concreto.

En la obra Villa Panamericana se observó que en el recubrimiento en los muros estructurales de concreto armado son menores a los 2 centímetros establecidos en el proyecto y las normas nacionales aplicables como es el Reglamento Nacional de Edificaciones, lo cual podría generar fisuras en el concreto y presencia de mayor erosión en el acero.

Shack Yalta manifestó también que debido al acompañamiento de la Contraloría, el Proyecto Especial para los XVIII Juegos Panamericanos 2019 (PEJP) aprobó la modificación del cronograma de ejecución de proyectos en el Plan Maestro de Infraestructura y contrató a supervisores de calidad.

Precisó que los 22 proyectos a cargo del PEJP, así como las obras viales a cargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para el acceso de los Juegos Panamericanos, se regulan bajo los alcances de convenios internacionales, así como de organismos internacionales, por lo tanto, la Contraloría tiene limitaciones para intervenir.

Absorberán OCI del Sunedu y municipios provinciales

De otro lado, anunció que el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) será uno de los primeros en ser absorbido por la Contraloría General en junio, a fin de fortalecer la supervisión del uso de los recursos y bienes públicos de esta entidad.

Adelantó además que antes de setiembre, absorberán también las OCI de todos los municipios provinciales a fin de garantizar un adecuado control a la transferencia que se efectuarán luego de las Elecciones Regionales y Municipales del 7 de octubre próximo.

Durante su exposición, Shack Yalta informó sobre los resultados del operativo de control “Buen Inicio del año escolar 2018”, que tiene como finalidad contribuir a que las entidades pertinentes realicen el correcto uso y distribución de los recursos y servicios públicos destinados a la educación de los niños y adolescentes.

Este informe, publicado en la página web de la Contraloría, fue entregado el 12 de abril pasado a las autoridades y responsables del sector Educación y de los Gobiernos Regionales, a fin de que implementen las medidas pertinentes para mejorar la calidad y eficiencia del servicio educativo.

El contralor Shack Yalta anunció además que en el marco de la reestructuración de la Contraloría, se implementará un órgano instructor propio en cada Contraloría Regional para procesar y sancionar la inconducta funcional de los funcionarios, de manera inmediata y respetando el debido proceso .

Asimismo, en el marco de la lucha contra la corrupción, se implementará en cada Contraloría Regional una Procuraduría Pública Anticorrupción que le dé el impulso procesal a todos los expedientes en las Fiscalías y Juzgados de cada jurisdicción.