El Congreso de Perú rectificó este domingo su negativa a eliminar la inmunidad parlamentaria a sus congresistas, uno de los pilares de la reforma política impulsada por el Gobierno, pero a la vez abolió también con mucha polémica la protección constitucional al presidente y los ministros.

Pocas horas después de que el presidente peruano, Martín Vizcarra, anunciase que llevaría a |disp|||goo|10257929192|100476577337|bnr|| tras la negativa inicial del Congreso, el Parlamento reconsideró la votación y la sacó adelante, pero con grandes cambios sobre el texto original.

La votación, que tuvo 110 votos a favor y 13 en contra, se llevó a cabo en un pleno virtual y extraordinario celebrado hoy ante la urgencia de aprobar varias medidas pendientes de la reforma política para que puedan aplicarse en las elecciones generales de 2021.

Al tratarse de modificaciones de la Constitución, estas deben ser refrendadas por dos tercios del Congreso en dos periodos de funcionamiento distintos del Parlamento. La primera legislatura del año concluye a medianoche, por lo que el polémico texto deberá ser sometido nuevamente a votación en el segundo semestre del año.

Nadie con inmunidad

Durante el debate en este pleno, varios partidos lanzaron la consigna de que la inmunidad no solo fuese eliminada para los congresistas, sino para cualquier alto funcionario del Estado, incluido el mismo presidente de la República.

La sugerencia fue recogida por el congresista de Alianza Para el Progreso (APP) y presidente de la comisión parlamentaria de Constitución, Omar Chehade, que redactó de manera apurada una modificación del texto.

Primero eximió de responsabilidad a los congresistas de sus opiniones, votos y sobre cualquier acción en el ejercicio de su labor parlamentaria. Cualquier asunto penal solo podrá ser visto por la Corte Suprema.

Asimismo, invistió de poder a la comisión permanente del Congreso para acusar ante el pleno al presidente de la República, ministros y magistrados del Tribunal Constitucional ”por cualquier delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado estas”.

Sin antejuicios políticos

En el caso del presidente del país, también “podrá ser acusado por delitos contra la administración pública cometidos durante su mandato o con anterioridad”, y en el caso de los ministros tampoco tendrán antejuicio político.

Otros altos funcionarios que también pueden ser acusados por la comisión permanente del Congreso son los magistrados del Tribunal Constitucional, los miembros de la Junta Nacional de la Justicia (JNJ), los vocales de la Corte Suprema de Justicia, fiscales supremos, el Defensor del Pueblo y el Contralor General de la República.

Las nueve fuerzas políticas que forman este fragmentado Congreso surgido de las elecciones parlamentarias extraordinarias de enero tuvieron a legisladores que votaron a favor de la última versión de esta norma.

En manos del Tribunal Constitucional

La formación que más votos aglutinó en contra fue el liberal Partido Morado, instigador de una de las dos mociones para que esta nueva versión fuese debatida primero en la comisión parlamentaria de Constitución, ya que fue redactada en cuestión de minutos y votada sin previo debate.

Sin embargo, el pleno del Parlamento se negó en dos ocasiones a que fuese analizada primero en comisiones, lo que la hace susceptible de ser anulada por el Tribunal Constitucional, que ya declaró inconstitucional en 2018 un cambio hecho por el Congreso sin casi previa consulta sobre el proceso de la cuestión de confianza.

De esta forma, el Congreso lanzó un pulso al presidente Vizcarra, que a mediodía de este domingo reprochó el poco compromiso del Parlamento a la reforma política, pues recordó que la mayoría de partidos ahora presentes en el hemiciclo lanzaron como promesa durante la campaña electoral eliminar la inmunidad parlamentaria.

El mensaje de Vizcarra también exhortó a aprobar la norma para impedir que se presenten a las elecciones personas condenadas en primera instancia a más de cuatro años de prisión, lo que el Parlamento debería aprobar antes de la medianoche.

Este nuevo Parlamento fue elegido el 26 de enero en unas elecciones extraordinarias para reemplazar al Congreso cerrado constitucionalmente por Vizcarra el año pasado por precisamente obstruir las reformas del Gobierno gracias a la gran mayoría del fujimorismo, que controlaba con facilidad el hemiciclo. EFE