Declaró que el Estado y la sociedad no pueden permanecer calladas cuando se atacan los bienes históricos o a terceros. También dijo que se debe recabar pruebas para determinar si las pintas fueron planificadas por los organizadores.

“El derecho penal permite aplicar las sanciones, pero se necesitan tener las pruebas necesarias que demuestren si existió o no planificación para realizar actos vandálicos”, expresó San Martín.

De otro lado, rechazó que el Poder Judicial sea un ente político del Gobierno, luego que la ex candidata presidencial Keiko Fujimori afirmara que su padre, Alberto Fujimori, es víctima de una persecución política.

“Si existe una sentencia firme y se ha fijado una reparación civil, esta debe pagarse y corresponde a las autoridades hacer cumplir la sentencia. Acá no hay persecución ni mala fe, tampoco conducta indebida”, anotó.