El defensor del pueblo de Perú, , afirmó que su organismo no considera inconstitucional una ley aprobada el jueves por el Congreso que permite a los trabajadores retirar hasta el 95,5 % del dinero acumulado en las Administradoras de Fondo de Pensiones () al cumplir los 65 años.

Después de que el Ejecutivo anunciara que evalúa presentar una acción de inconstitucionalidad contra esa ley y pidiera el pronunciamiento de la Defensoría, Vega admitió, en un comunicado, que existe la posibilidad de que el tema sea evaluado por el Tribunal Constitucional.

El defensor del pueblo indicó, sin embargo, que esta medida no debe ser vista como la solución al problema del sistema de pensiones en el país.

Vega aseguró que la Defensoría ha señalado varias veces al Ejecutivo, al Congreso, a la Superintendencia de Banca y Seguros y a la Asociación de AFP, que es “imprescindible una reforma integral del sistema de pensiones”.

El objetivo de esa medida, agregó, debe ser garantizar a todas las personas condiciones dignas en la vejez, al mismo tiempo que la sostenibilidad del sistema.

Vega recordó que actualmente un gran sector de pensionistas, tanto del sistema público como del privado, recibe pensiones que no cubren las necesidades básicas para una vida digna y que existe una importante facción que no tiene ningún tipo de cobertura.

La Defensoría consideró que, en ese contexto, la ley aprobada por el Congreso “constituye un avance que permitirá que las personas decidan sobre sus aportes y es una oportunidad para que los sistemas de pensiones y financiero ofrezcan mejores productos a los afiliados y futuros pensionistas”.

El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, informó hoy que el jefe de Estado, Ollanta Humala, evalúa interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley aprobada por el Congreso.

En un mensaje en su cuenta en la red social Twitter, Cateriano consideró que la modificación “es anticonstitucional” y “ha herido de muerte al sistema privado de pensiones”.

“Se está dejando sin pensión a los ancianos. ¿Dónde está el Defensor del Pueblo?”, preguntó Cateriano.

El Congreso aprobó la norma por insistencia, con 84 votos a favor y dos en contra, después de que el pasado 8 de enero el presidente Humala la rechazara en primera instancia por considerar que incumpliría tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Estado peruano.

La ley indica que todos los afiliados a las AFP también podrán disponer de la rentabilidad generada durante sus años de aportaciones y que el 4,5 % restante del fondo se abonará al Seguro Social estatal (EsSalud) para mantener la cobertura y los servicios de salud.

La ley permitirá, además, el uso del 25 % del fondo de pensiones como garantía para el pago de la cuota inicial de un préstamo hipotecario para vivienda.

También amplía la vigencia del Régimen Especial de Jubilación Anticipada (REJA) hasta el 31 de diciembre de 2018 y permite que los afiliados puedan retirar hasta el 50 % de su fondo en caso de enfermedad terminal. (Fuente: EFE)