Hasta el viernes 10 de junio el Ejecutivo ha fijado el plazo para encontrar una solución al conflicto social por el proyecto minero Las Bambas . (Foto: Reuters)
Hasta el viernes 10 de junio el Ejecutivo ha fijado el plazo para encontrar una solución al conflicto social por el proyecto minero Las Bambas . (Foto: Reuters)

El ministro del Ambiente, , informó que el Gobierno ha fijado un plazo hasta el próximo viernes 10 de junio para que se llegue a un acuerdo entre la minera MMG con las comunidades de Apurímac. Esta medida se da en medio del conflicto social que mantiene paralizadas las actividades de la mina de cobre, desde hace más de 50 días.

Desde San Borja tras su participación del lanzamiento de la Política Nacional del Pueblo Afroperuano, en el marco del Día de la Cultura Afroperuana, el funcionario explicó que este plazo fue acordado en la última sesión del Consejo de Ministros, liderado por el primer ministro Aníbal Torres, donde se nombró una comisión encargada de dar solución a este problemática.

“Ese es el gran problema que la comunidad y la empresa que no se ponen de acuerdo. Nos han dado el plazo a propósito, hasta el viernes que viene [10 de junio] para ver si se ponen de acuerdo empresa y comunidad y tengamos un país que use sus recursos sin contaminar sin atentar contra la salud”, señaló en declaraciones a TV Perú.

Al ser consultado sobre si se llegará a cumplir con el acuerdo durante el periodo otorgado respondió: “Tengo mucha esperanza que esto sea así. El plazo nos da el Consejo de Ministros. Esperemos que la empresa y la comunidad se pongan de acuerdo. El Estado es árbitro y defiende las leyes y es lo que estamos haciendo, pero no estamos dispuestos a que haya un caos de ambos lados y que no haya respeto a las leyes. Nosotros estamos haciendo un plan de detección de contaminación tanto del agua como del aire”, agregó.

Montoya reiteró también que el territorio nacional está semi devastado por los pasivos ambientales, los residuos sólidos, la contaminación del mar, etc, lo cual afecta a las comunidades y sobre todo la salud de los niños que viven en zonas de explotación minera. Estimó que remediar los pasivos ambientales demandaría cerca de un billón de soles.

Respecto a la reunión que sostuvo con representantes de la empresa operadora de la mina Las Bambas que fueron convocados anoche a presentarse ante el Consejo de Ministros, el ministro del Ambiente comentó que pudo escuchar el pronunciamiento de la minera en medio del conflicto.

“El Consejo de Ministros acordó nombrar una comisión para tomar este problema, y continuar el proceso de solución. Este grupo convocó a la empresa Las Bambas para saber su posición. Por primera vez, los he escuchado y allí ellos informaron que tienen una serie de compromisos, gran parte cumplidos y otros no cumplidos, de modo que ellos van a seguir tratando de seguir cumpliendo con ello”, indicó.

Asimismo, el titular del Ministerio del Ambiente informó que su sector se muestra preocupado por la contaminación detectada en el Corredor Minero. “Se pasa los límites permitidos por la salud y hemos pedido a la empresa que mejore y en esta reunión que hemos tenido han señalado que están haciendo todos los esfuerzos tecnológicos para reducir la contaminación”, añadió.

“En este caso exigiremos a las comunidades que cumplan la ley y también a las empresas para que no contaminen más allá de lo que permite las normas internacionales y nacionales. Deseamos que comunidad y empresa se pongan de acuerdo, pero realmente nosotros en ese plan: hacer que se comuniquen”, acotó.

Comunidades aceptan nueva reunión con el Ejecutivo

Los presidentes de las comunidades de Fuerabamba, Chila, Choaquere, Huancuire, Pumamarca y Chuicuni aceptaron forman una nueva mesa de dialogo -la sexta en dos meses- para tratar de llegar a una solución en torno al proyecto minero Las Bambas.

En la carta, enviada al premier Aníbal Torres, los comuneros exigieron nuevamente que se derogue el Estado de emergencia en los distritos de Coyllurqui y Challhuahuacho, en la provincia de Cotabambas, que fue prorrogado por el Ejecutivo por 60 días.

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