¿Interés político? Por qué España quiere dar ciudadanía a los judíos

Miles de judíos sefardíes de todo el mundo siguen con mucha atención el debate de una ley en España que, de aprobarse, les permitirá acceder a la nacionalidad española sin tener que residir en ese país.

El anteproyecto de ley debatido contempla una reforma del Código Civil que permitirá a los descendientes de los sefardíes expulsados de España en 1492 obtener el pasaporte español sin renunciar a su nacionalidad de origen.

El borrador legal todavía debe someterse a un debate parlamentario. De ahí, según le dice a BBC Mundo Juan Bravo, subsecretario de Justicia de España, la ley puede entrar en vigor en julio o a la vuelta del receso vacacional, en septiembre.

Pero, ¿por qué lo haría? España argumenta que la norma es la respuesta a una vieja deuda con los judíos expulsados de Sefarad (España en hebreo) en 1492, por un edicto de los Reyes Católicos que los obligaba a convertirse a la religión dominante o a abandonar el país en caso contrario.

Ellos vivieron 1.500 años en España antes de la expulsión y, según los libros de historia, a partir de su salida se establecieron en el norte de África, los Balcanes y el antiguo Imperio Otomano, aunque luego la diáspora se amplió a otros territorios.

Hasta ahora, los sefardíes podían optar a la nacionalidad española por dos vías: después de dos años de residencia en España (al igual que los nacionales de Iberoamérica, Portugal y Filipinas) o por “circunstancias excepcionales”, con la llamada carta de naturaleza, una forma de tener la nacionalidad con criterios más discrecionales prevista en el Código Civil que data de un decreto de 1924.

Sin embargo, el ministerio de Justicia reconoció que “esta segunda vía, al tratarse de un acuerdo del Consejo de Ministros en el que se valoran las excepcionales circunstancias de su vinculación con España, quedaba al arbitrio de los respectivos gobiernos” y por ello emprendió la reforma legal para agilizar los procesos de nacionalización de los sefardíes.

¿Quién podrá beneficiarse?

De aprobarse la nueva ley, unos 150.000 sefardíes podrán solicitar la nacionalidad española, siempre y cuando demuestren el origen y el mantenimiento de su “vinculación con España”.

La cifra de posibles beneficiarios es producto de cálculos preliminares, reconoce el subsecretario de Justicia, español, Juan Bravo. El número total solo se confirmará cuando pasen los dos años de plazo para hacer la solicitud, prorrogables a uno más, una vez se apruebe la ley.

Por el momento no hay un censo de sefardíes interesados en pedir la nacionalidad, afirma Bravo, pero las mayores poblaciones están en Israel, Turquía, Venezuela, y “un número más reducido” en Marruecos, Argentina y México, entre otros países.

A partir del anuncio del Consejo de Ministros del pasado 7 de febrero, la Federación de Comunidades Judías recibió hasta 6.000 consultas los primeros días, sobre todo del extranjero. Entre ellos también de Colombia y Estados Unidos.

Diarios israelíes publicaron una lista de 5.200 apellidos sefardíes los días siguientes. Y una lista similar viralizó las redes sociales.

“Si tu apellido aparece en esta lista podrás recibir nacionalidad española”, se titulaba y muchos se alegraron con la coincidencia, sobre todo latinoamericanos. Pero el gobierno español no da esas listas por oficiales.

En España, los judíos no llegan a las 100 mil personas. El 80% de ellos, dice, son sefardíes.

¿Otras motivaciones?

Más allá de la deuda histórica de España con los sefardíes, en medios israelíes y españoles hubo una interpretación política de esta medida desde el momento en que el ministro de Justicia español, Alberto Ruiz-Gallardón la anunció en noviembre de 2012, en la Casa Sefarad-Israel de Madrid.

Según esas lecturas, la ley es un llamado a reactivar la economía española, todavía en crisis, con una comunidad de reputación en el comercio y la banca.

También, señalan algunos analistas, es una forma de contentar a Israel después de que España apoyara a los palestinos en su aspiración a formar parte de la Organización de Naciones Unidas.

El subsecretario de Justicia dice que “en modo alguno” la ley tiene un propósito económico o político.