La década económica dorada que ha vivido con cojea en avances sociales, con un estado de derecho minado por la crisis de la Justicia, los altos índices de violencia machista y contra la infancia, el legalizado trabajo infantil y la deficiente sanidad.

Una de las principales promesas de Evo Morales cuando llegó al poder fue la de mejorar la vida de los bolivianos más desfavorecidos, los débiles, los más pobres en el entonces país más pobre, pero aunque logró avances importantes en la erradicación del hambre, otros indicadores del bienestar social siguen bajo mínimos.

Así lo ha denunciado el defensor del Pueblo, Rolando Villena, quien en los últimos años ha aumentado la intensidad de sus críticas hacia Evo Morales y su Gobierno, al considerar que el estado de derecho y los derechos humanos han sufrido un retroceso en el país andino.

La violencia contra las mujeres y la infancia es uno de los asuntos de los que no puede presumir el Gobierno boliviano.

Bolivia es, según datos de la ONU, el país latinoamericano con mayores índices de violencia machista, y aunque fue este Gobierno el que por fin aprobó una ley, pospuesta por años, para tratar de frenar esta lacra, de momento los resultados son escasos.

Al menos 107 bolivianas, según la Defensoría, fueron asesinadas el año pasado y el 80 % de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia que también se hace extensiva a los menores y que en muchos casos se produce dentro del hogar.

Con la nueva ley han aumentado las denuncias, pero no se ha logrado el pretendido efecto disuasorio.

Este asunto se entrelaza con otro de los problemas más acuciantes que enfrenta Bolivia, el de una Justicia gravemente debilitada por la corrupción, la falta de medios y la más absoluta falta de confianza por parte de la población.

Reiterados escándalos, con grabaciones en video incluidas, involucran a jueces y fiscales, el propio Gobierno ha tachado de “vergüenza” al poder judicial y la lentitud de los procesos ha desembocado en cárceles hacinadas en las que la mayor parte de los reos no tiene sentencia firme.

La ineficacia del sistema se refleja también en el aumento de los linchamientos, en los que las turbas toman la justicia por su mano alegando que actúan bajo la justicia indígena originaria, que aunque está reconocida en la Constitución (2009) al mismo nivel que la Justicia ordinaria, sin embargo no ampara el castigo físico y menos las ejecuciones.

A Evo Morales también le han costado críticas algunas desmesuradas inversiones en temas sin una repercusión directa en el bienestar de la población.

Entre esos proyectos, el lanzamiento de un satélite (300 millones de dólares), la construcción de un museo dedicado a la “revolución” en el apartado pueblo natal del mandatario (6,7 millones) o el empeño del presidente en ofrecer su país como sede de cumbres del más diverso signo, sin reparar en gastos.

Los abundantes recursos destinados a esas iniciativas contrastan con la precaria situación de los hospitales públicos de Bolivia, donde los niños con cáncer se ven obligados a costearse el tratamiento con iniciativas como la venta de tarjetas navideñas pintadas por ellos mismos.

Según un informe de la ONG Save the Children difundido en el 2015, por cada mil nacidos en Bolivia, 39,1 no llega a cumplir los cinco años y el índice de mortandad materna es también el más elevado de Suramérica, con una mujer en riesgo de fallecimiento por cada 140 partos.

Además, el país no cuenta con tratamiento para niños hemofílicos, banco de córneas o aceleradores lineales para tratar tumores, entre otras carencias.

Bajo el Gobierno de Evo Morales, en 2014, también tuvo lugar la legalización del trabajo infantil, una decisión que levantó ampollas entre organizaciones de derechos humanos pero que los niños trabajadores, y más aún sus familiares, aplaudieron y que el propio mandatario defiende al considerar que crea “conciencia social”.

En Bolivia trabajan unos 850.000 menores, algunos en sectores de especial dureza como la minería, la agricultura y la venta callejera, sin que esta situación tenga visos de mejorar a corto plazo.

(Fuente: EFE)