Según el diario ‘Gestión’, la Clínica Santa Teresa (empresa privada) denunció ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad a los hospitales Loayza y Cayetano Heredia por brindar este servicio, como parte del Ministerio de Salud.

La denunciante argumentó que los hospitales en cuestión no tenían mayores costos, ya que usaban los recursos públicos (médicos, instrumentos y otros) para brindar sus servicios. Ellos se defendieron afirmando que dicho servicio no correspondía a una lógica de mercado, sino a fines asistenciales.

La clínica, además, presentó la opinión de la SUNAT, la cual señaló que los servicios tarifados no correspondían a un servicio estatal, ya que por estos servicios el Estado no está autorizado a cobrar una tasa o tributo.

INDECOPI resolvió que los hospitales competían deslealmente en el mercado al cobrar tarifas (precios) por los servicios de salud (similares a los fijados por las clínicas), y que tenían un fin lucrativo, sin tener autorización. Hace dos meses el servicio tarifado de ambos nosocomios se encuentran desactivados.

Solo tienen permiso para brindar ese servicio el Instituto Nacional de Oftalmología, el Instituto Materno Perinatal y el Instituto Nacional de Salud del Niño.

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