Richard Almerco, abogado de los cuatro sindicatos donde están agrupados los trabajadores, indicó que los trabajadores entendían que el restante 30% era un devengado que se les reconocería una vez que Doe Run retomara sus operaciones.

“Después de una evaluación de dos meses, el jueves pasado (12 de julio) se firmó el acta, donde la actual administración reconoce y admite que ese 30% es un devengado concursal”, señaló al diario ‘El Comercio’.

En el 2011, cuando la empresa ingresó a INDECOPI, los trabajadores solicitaron que se les reconozca el 30% aún por cancelar como una deuda concursal, sin embargo Doe Run se negó, por lo que los trabajadores reclamaron ante INDECOPI y ganaron en primera instancia.

Ante ello, Doe Run apeló y aún se está a la espera de una nueva resolución. La liquidadora de la empresa cancelará la deuda una vez que la unidad de La Oroya sea vendida, que debe ser máximo hasta el 13 de mayo de 2013.

Por su parte, Luis Castillo, secretario general de la Federación de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos, indicó a Canal N que han solicitado al Gobierno central y a la región Junín el reinicio total de las operaciones del complejo metalúrgico.

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