El decano regional del Colegio de Arquitectos del Perú, José Enrique Arispe, afirma que la fiscalización a las construcciones en Lima es insuficiente.

“Cuando los municipios distritales otorgan licencias de edificación, un 40% de este monto, que abonan los inversionistas, es destinado para la labor fiscalizadora de las obras. Lamentablemente hoy este dinero es usado para gastos corrientes de las autoridades y eso deriva en un mal control y monitoreo”, explica.

A su vez, el director regional de la Sociedad de Urbanistas del Perú, Erick Reyes, refiere que hay municipios como Surco, San Isidro y Miraflores, que están preparados para este rol fiscalizador; no obstante, pese a ello, las empresas constructoras transgreden las normas.

El problema empieza en la fiscalización de las obras. “No se dan abasto para vigilar los trabajos ante el boom inmobiliario. A esto se agrega que las constructoras abaratan costos”, dice Reyes al diario ‘La República’.

En tanto, el exdecano del Colegio de Ingenieros del Perú, Fernán Muñoz, considera que las “licencias automáticas de construcción” provocan que las edificaciones no cuenten con una adecuada revisión técnica.