La empresa minera Doe Run exige al Estado peruano que asuma el costo de la demanda interpuesta en la Corte de Missouri (EE.UU.) por los afectados de la contaminación en La Oroya contra Renco, su principal accionista.

Según el diario ‘Perú.21’, si el Gobierno acepta esta condición (la demanda costaría unos 800 millones de dólares), Renco estaría dispuesto a dar los 65 millones de dólares que faltan para financiar la construcción de la planta de ácido sulfúrico.

Como se recuerda, este último punto es uno de los compromisos incumplidos por Doe Run, a pesar de las ampliaciones que le otorgó el Congreso para terminar con el Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).

Ira Rennert, dueño de Renco, ha intentado vincular al Estado en el juicio de Missouri. Por ello, pidió a la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL, por sus siglas en inglés) que se inicie un proceso de arbitraje “para que el Perú asuma estas obligaciones”.

“El segundo punto del arbitraje radica en que la corte se pronuncie sobre supuestos actos de discriminación contra Doe Run por el Estado peruano, por haber afectado sus inversiones y operaciones”, comentó una fuente del Ejecutivo.