Así lo afirmó el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, quien explicó que el complejo metalúrgico es un negocio privado de la estadounidense Renco Group, propietario de Doe Run, y al tener deudas ha ingresado al INDECOPI a un proceso concursal donde todos los acreedores están, dentro de la ley, buscando cobrar sus deudas.

Por ello, la Junta de Acreedores informó a Doe Run en enero que debe seguir administrando el complejo, pero que tiene que presentar un plan de reestructuración viable.

“Renco ha presentado un plan que no es ejecutable porque condiciona el financiamiento de 65 millones de dólares de un total de 200 millones, y pretende que el Estado peruano se allane a los juicios que tiene en Estados Unidos y en todos sus extremos. Ello es inadmisible y el Estado peruano no puede hacerlo”, sostuvo.

Agregó que ante esta situación, el Gobierno entiende las preocupaciones de La Oroya y los trabajadores, y que se tiene que encontrar una solución dentro del marco de la ley y el proceso concursal del INDECOPI, que finalmente permita reiniciar las operaciones.

En ese sentido, afirmó que un paro contra el Estado peruano no soluciona nada, al contrario, afecta más a la economía de la población local y de otras ciudades de Junín.

“Con el paro no solucionamos nada, al contrario, estamos ocasionando muchos problemas a nuestros compatriotas que viajan a la sierra central”, puntualizó al añadir que el Estado está por la reestructuración y no por la liquidación de DRP.

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