¿Cómo va la alimentación saludable en tiempos de COVID-19?

En tiempos de pandemia, la gestión de la salud pública ha tomado gran relevancia. No obstante, debemos recalcar que, a la par del fortalecimiento de nuestro sistema de atención hospitalaria, una adecuada nutrición y una cultura del autocuidado son condiciones necesarias para el desarrollo sostenido del país.

Hoy, la creciente incidencia de la obesidad, especialmente entre niños y jóvenes, eleva los factores de riesgo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la falta de una dieta saludable es una de las causas más comunes de las enfermedades crónicas (cardiovasculares, cánceres, enfermedades crónicas respiratorias y diabetes), responsables del 68% de las muertes a nivel global. Inclusive, investigadores en el marco de la iniciativa OpenSAFELY, plataforma de análisis de registros de salud electrónicos en Reino Unido (creada para entregar resultados urgentes durante esta emergencia global), calcularon que la probabilidad de sufrir una infección grave por la COVID-19 se incrementa un 44% en las personas con sobrepeso y casi se dobla en las que sufren obesidad. Además, las probabilidades de morir por la enfermedad también crecen con el exceso de peso.

Por lo tanto, fomentar una alimentación saludable debe ser uno de los temas prioritarios. En este sentido, es importante saber cómo vamos en cuanto a la incidencia de estos dos indicadores. Según cifras del Instituto Nacional de Salud (INS), el 69.9% de adultos (de 30 a 59 años) en el país padece de exceso de peso (sobrepeso u obesidad), seguidamente estos males afectan a un 42.4% de jóvenes (de 18 a 29), al 32.3% de escolares (de 6 a 11), al 33.1% de adultos mayores (de 60 a más) y finalmente al 23.9% de adolescentes (de 12 a 17). Algo similar se presentaba en Lima (8.9%), Callao (9%) y Moquegua (9.7%). Y si analizamos la nutrición en la población infantil, tenemos que el 12.2% de niñas y niños menores de cinco años padecen desnutrición crónica, de los cuales el 24.5% vive en el área rural, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) 2019. Una realidad más dramática se vive en cuanto a la anemia, que afecta al 40.1% de menores de 6 a 35 meses de edad.

A pesar de la relevancia del tema, existe gran desconocimiento en la población sobre hábitos saludables de alimentación y su puesta en práctica. Por ejemplo, en 2019, el 54% de los peruanos consideraba que tenía un buen peso y el 72% se autopercibía como saludable, según una encuesta realizada por Datum Internacional y la red WIN, lo cual difiere con nuestra realidad de sobrepeso, obesidad, desnutrición y anemia.

¿Y la ley de alimentación saludable?

En 2013, se promulgó la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, enfocada en proteger la salud pública mediante políticas de (i) educación, (ii) fomento de la actividad física y (iii) supervisión de la publicidad e información de alimentos, con el fin de eliminar enfermedades vinculadas con el sobrepeso y otras no transmisibles como la obesidad. Sin duda, un objetivo bien intencionado pero que, en su implementación, se ha visto reducida al consumo de alimentos procesados.

Así, el 17 de junio del año pasado se volvió obligatorio el etiquetado de advertencias con octógonos en los alimentos y bebidas procesados que superaran los límites de azúcar, sal o grasas saturadas que fijó el Ministerio de Salud (Minsa). Si bien para juzgar su efectividad en la reducción del sobrepeso y otras enfermedades no transmisibles se requiere más tiempo, tal como mencionamos en ese entonces, cabe adelantar que el etiquetado abarca menos del 20% de los alimentos que los peruanos consumimos (los procesados, los únicos que comprende la ley).

La discusión en ese entonces se centró en sí, desde un punto de vista regulatorio, las advertencias publicitarias eran las más idóneas. De igual manera, hace pocas semanas surgió una polémica sobre el fallo de Indecopi que declaró como barrera burocrática ilegal ciertas disposiciones del Minsa sobre la publicidad de octógonos, alegando que esta institución no tiene competencia legal para regular la publicidad. Así, una vez más, terminamos enfrascados en ese debate, cuando la discusión debería girar sobre aquellas políticas que permitan asegurar una alimentación sana y promover estilos de vida saludables.

Una política de alimentación saludable no solo implica cuestiones como la regulación de la información nutricional, sino que debe enfocarse en la implementación de una estrategia que responda a la promoción de una dieta saludable y todas las formas de buena nutrición para dar respuestas efectivas a estos retos, según la FAO. Así, queda pendiente la elaboración de un perfil nutricional del consumidor peruano, y sus variantes según regiones, que permita orientar futuras políticas en la materia y no hacerlo sin mayor evidencia, como hasta ahora, además de intervenciones más contundentes en el sector educativo.

No perdamos de vista la estrategia de alimentación saludable; de lo contrario, nos pasará factura en los próximos años no solo en nuestro sistema de salud, sino en el bienestar general de la población.