Los 600,000 peruanos que se encuentran en (USA) están actuamente más expuestos que nunca a ser expulsados de ese país, de acuerdo a las nuevas directrices dadas a conoer por el Departamento de Seguridad Nacional.

Así lo señaló el parlamentario andino Mario Zúñiga Martínez, quien sostuvo que ya no se eximirá a clases o categorías de extranjeros indocumentados de una potencial deportación y que se perseguirá a los indocumentados que a “juicio” de un agente de inmigración, .

Zúñiga dio a conocer que en la “lista negra” entran también los indocumentados que hayan abusado de programas federales y los acusados de haber cometido un delito, es decir sin sentencia de culpabilidad.

Dijo también que ahora cualquier migrante irregular que lleve menos de dos años en territorio estadounidense, esté en el lugar que esté, podrá ser deportados de forma sumaria, figura que solo aplicaba para los que tenían menos de dos semanas en suelo norteamericano y se encontraban a menos de 160 kilómetros de la frontera.

El parlamentario andino reveló que entre las nuevas directrices, firmadas por el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, figura la contratación de 10,000 nuevos agentes para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y 5,000 más de la Oficina de Aduanas y Fronteras (CBP).

Zúñiga advirtió que a partir de hoy, podrán ser expulsados los indocumentados que hayan cometido delitos menores como cruzar imprudentemente una calle, una falta que en inglés se conoce como “jaywalking”, o tener una luz rota del vehículo, cuando en el mandato de Barack Obama solo se deportaba a los condenados por crímenes graves.

“Lo que se viene preocupa mucho. Todo hace indicar que el gobierno de Donald Trump empezará a expulsar indiscriminadamente a los irregulares. A partir de hoy ninguno de los 600,000 peruanos en situación irregular se sentirá seguro. Estas normas draconianas merecen nuestro rechazo porque seguramente se perseguirá y expulsará a gente trabajadora, afincada desde hace tiempo en la sociedad norteamericana, cuyo único delito pasa por una cuestión administrativa”, concluyó Zúñiga. (Andina)

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