Puerto Rico presenta, un mes después del paso del huracán María, un panorama desolador con un 80 % de la población sin electricidad, escasez de agua, carreteras en mal estado y la sensación de que este desastre desveló la pobreza del interior de la isla y la falta de previsión.
María, el huracán que quedará grabado en la memoria colectiva de los puertorriqueños, azotó esta isla de 3,4 millones de personas hace hoy un mes, un territorio ligado a EE.UU. como Estado Libre Asociado que trata de recuperarse con mucha lentitud y que espera que Washington envíe fondos como única forma de salir adelante.
El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, dijo en una rueda de prensa que los daños causados por el huracán ascienden, según estimaciones de terceros, a unos 90.000 millones de dólares, cifra que cuesta imaginar pero que se traduce en una destrucción masiva que se cebó en especial con el interior y la zona de montañosa.
“La situación es atípica y extraordinaria, por lo que así debe de tratarse”, subrayó Rosselló, tras insistir en que lo que se necesita ahora es que el Congreso en Washington trate a los puertorriqueños como al resto de ciudadanos de EE.UU.
El gobernador viajó precisamente el jueves a Washington en busca de que el Congreso dé el visto bueno a una ayuda de 4.900 millones de dólares solicitada que el Ejecutivo local necesita para, simplemente, operar, ya que su situación financiera es desesperada sin liquidez más allá del presente mes.
Puerto Rico, antes del paso del huracán María, estaba en bancarrota y sumido en un proceso de reestructuración ordenado por un tribunal federal a causa una deuda impagable de 70.000 millones de dólares, por lo que el ciclón supuso el golpe de gracia a sus financias una vez que ahora la recaudación de impuestos quedó completamente interrumpida.
El huracán dejó un cuadro tétrico con 250.000 viviendas destruidas total o parcialmente, un número sin cuantificar de gente que no trabaja porque las empresas y comercios no han abierto y la previsión de que 40.000 puertorriqueños harán las maletas en los próximos meses rumbo, preferentemente, hacia el estado de Florida en EE.UU.
Las cifras oficiales a día de hoy, 4 semanas después del huracán, son de que cerca del 80 % de la población carece de electricidad, un porcentaje que habla por sí solo de la triste perspectiva de los puertorriqueños.
La realidad de la situación es muy diferente si se toma como referencia la capital, San Juan, o el interior, donde todavía hoy es muy complicado desplazarse por el corte de carreteras a causa de la caída masiva de árboles y postes de la electricidad.
Siguen llegando quejas de la falta de agua y comida en los municipios del interior, donde al menos un 50 % de las viviendas son de pobre estructura o están construidas sin los permisos preceptivos.
Esa población del interior todavía tiene problemas para recibir suministros por una distribución lenta en algunos casos que algunos achacan a la gestión de los municipios.
Las telecomunicaciones siguen siendo un problema con cerca de un 40 % de las personas sin servicio de telefonía móvil y un 30 % sin agua, un mes después.
“Otro día que no hay agua embotellada”, se queja con amargura a Efe Luis Santos, de 32 años, en un supermercado de Santurce, el principal distrito de la capital, una muestra de cómo avanza todo en la isla tras el huracán, lentamente.
“Ahora no tengo trabajo y no sé qué va a pasar en el futuro, pero la cosa pinta mal”, cuenta Santos, empleado de una tienda de repuestos para automóviles en San Juan que no ha abierto como muchos otros negocios ante el temor a robos.
Cuenta que tiene familiares en Jayuya, un municipio del interior, adonde, con problemas, pudo llegar para encontrar una total destrucción de la que dice está fuertemente impactado.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitó la isla hace unas semanas para dar apoyo a los puertorriqueños, aunque algunos comentarios sobre el “desbarajuste” del presupuesto que le iban a provocar los gastos derivados de la ayuda no sentaron bien.
Estados Unidos, no obstante, mantiene sobre el terreno a cerca de 15.000 militares y personal de agencias federales en unas operaciones de ayuda sin precedentes.
Hay quejas de problemas de salud y se trata de verificar un brote leptospirosis, una enfermedad asociada a aguas estancadas.
El gobernador ha puesto como meta que a mediados de diciembre el 95 % de la población cuente con electricidad ante el anuncio inicial de los directivos de la energética estatal de recuperación total del servicio en 9 meses, un plazo que amenazaba con un éxodo masivo en busca de unas condiciones de vida mínimas fuera.
EFE
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