En medio de las denuncias de en distintas regiones del Perú, la Contraloría General de la República ha adoptado nuevas medidas para prevenir irregularidades en las entidades públicas a escala nacional.

SHOCK ANTICORRUPCIÓN

Consiste en tomar el control de las principales entidades públicas, asignando personal con dependencia funcional y administrativa de la Contraloría General en los Órganos de Control Institucional (OCI) de aquellas entidades con mayores riesgos de corrupción.

El ente estima que el 3 de noviembre estarán instalados más de 270 auditores en 54 entidades públicas. Se incluye a los 25 gobiernos regionales, 23 municipales provinciales y distritales, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.

Los jefes de OCI tendrán personal auditor directamente remunerado por la Contraloría General, es decir, serán totalmente independientes de la institución a la que auditan.

PROCESO DE TRANSFERENCIAS DE GESTIÓN

La Contraloría informa en un comunicado que trabaja en el diseño e implementación de herramientas que buscan asegurar un proceso de transferencia de gestión ordenado y transparente a las nuevas autoridades.

También se dispondrán de herramienta para la rendición de cuentas de las autoridades salientes y aquellas reelectas.

PROYECTOS LEY

Con el objetivo de disuadir y sancionar las irregularidades en la administración pública, la Contraloría ha presentado un paquete de proyectos de ley anticorrupción.

Se busca aplicar penas efectivas por delitos de corrupción de funcionarios y la regulación de obras por administración directa, e inmovilización de documentación de las entidades públicas para el control gubernamental.

Se espera incluir medidas como control previo en los pagos a los proveedores en aquellas entidades o procesos con mayor riesgo de corrupción.

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