El ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, defendió el decreto ejecutivo que permite la geolocalización de celulares y equipos electrónicos en la lucha por mejorar la seguridad ciudadana.

Pérez Guadalupe recordó que su sector conversó con las empresas de telefonía y que la ley, que apunta a combatir los de extorsión y el sicariato, se enmarca en la Constitución.

“(La información sobre criminales) Se la pedimos a ellos, por ser algo que almacenan en su archivos. Nos vamos a volver a reunir con los propietarios de esas empresas operadoras, para ver la parte operativa”, indicó.

El reglamento de la norma, criticada por un sector de la población y aún en elaboración, definirá cómo se rastrearán telecomunicaciones hechas con intenciones delictivas. La disposición no permite interferir comunicaciones.

“(El reglamento detallará) Los mecanismos de comunicación y cuál será la unidad especializada de la Dirincri que hará el pedido de geolocalización, así como el detalle de los formatos de entrega de la información”, añadió.

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