El en Huacho habría tenido un móvil político. Los indicios que maneja la policía y los antecedentes de atentados contra autoridades y personajes públicos en la región Áncash refuerzan esta hipótesis. ¿Existe una relación entre el poder político y el crimen organizado?

Nolasco, voceado como candidato a la presidencia regional de Áncash, fue atacado por un sicario en Huacho. El hecho ocurrió el viernes cerca de la medianoche en un restaurante, donde el político tomaba unas cervezas con unos amigos. Un disparo en la cabeza acabó con su vida de forma instantánea.

Las personas cercanas y simpatizantes de Nolasco culparon de su muerte al alcalde del municipio provincial de Santa, Luis Arroyo Rojas. La principal razón es que en 2010, el burgomaestre fue sindicado como , de 24 años, hijastro del fallecido exconsejero, quien en aquel atentado recibió cuatro balazos.

En un , el periodista Ricardo Uceda recuerda los cabos sueltos que dejó ese proceso. Arroyo es uno de los más importantes aliados políticos del presidente regional, César Álvarez, sobre quien recae la fama de tener a su favor al Ministerio Público y el Poder Judicial de Áncash.

En el proceso por la muerte de Torres se comprobó que Arroyo y los autores del crimen intercambiaron llamadas. Además, hubo un testimonio central: el de Hilda Saldarriaga, cónyuge de uno de los acusados. Ella indicó que fue testigo de las coordinaciones entre su pareja, Arnaldo ‘Nayo’ Ordinola, para el atentado.

Incluso apareció un video con el testimonio de Saldarriaga y la conviviente de ‘Nayo’ cambió su versión. En julio del año pasado, . El crimen aún no ha sido esclarecido y Arroyo fue separado de las indagaciones.

¿Coincidencia o indicios razonables?

Uceda también rememora que, en 2010, cuando Nolasco era atendido en una clínica luego del atentado contra su vida, acusó a Álvarez del intento de asesinato. El exconsejero, entonces líder de la oposición en Áncash, pretendía dejar sin efecto unos S/.840 millones en obras ya licitadas. Su muerte –argüía– dejaría el camino abierto al presidente regional.

Llama la atención también que ocho días antes de que Nolasco fuera herido y su hijo asesinado, en un atentado. Él también quería dejar sin efecto los contratos de Álvarez. El homicidio tampoco ha sido resuelto por la policía.


“Existen numerosos indicios de que la actuación del Ministerio Público en Áncash está parcializada en favor del presidente regional. Al punto que por dicha actuación el propio Fiscal de la Nación, José Antonio Peláez, está siendo investigado en el Consejo Nacional de la Magistratura. Lo mismo puede decirse del Poder Judicial”, enfatiza Uceda.

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