El presupuesto del programa social Pensión 65, que este año administra S/.403 millones, es aprovechado por infiltrados y, en ocasiones, funcionarios ediles para cobrar los S/.125 de subsidio que destina el Estado a adultos mayores pobres.

Esto luego de que tres informes del equipo de veedores de la Contraloría que evidencian fallas en los procesos de clasificación y verificación de los beneficiarios, informó el .

En ese sentido, anunciado por la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Trivelli, es solo una parte de solución: faltan mayores correcciones para que el dinero llegue a quienes lo necesitan.

Actualmente el programa cuenta con 243.673 beneficiarios y se estima que a finales de este año se sumarán otras 40 mil personas, según la directora ejecutiva, Norma Vidal. ¿Cuáles son las principales fallas en Pensión 65?

La Contraloría advierte que se corre el riesgo de sumar inflitrados si el sistema de clasificación de beneficiarios no cruza información elemental. Por ejemplo, Pensión 65 no verifica si sus afiliados aparecen en Registros Públicos, Cofopri y Sunat. De ese modo podría conocerse su situación económica.

En tanto, los municipios, encargados de la identificación de afiliados mendiante la validación de declaraciones juradas y documentos de identifacación, en muchas ocasiones no cumplen con su rol de aliados del programa.

Las comunas también deben remitir datos de los hogares más pobres de su jurisdicción a la base de datos que el Midis utiliza para ubicar a las personas a las que deben llegar los programas del Estado. Trivelli enfatizó sobre este tema que no heredó información confiable.

La Contraloría añade que Lima y el Callao tienen 4.806 afiliados pese a no ser zonas prioritarias, en tanto que el programa no llega aún de forma integral a poblaciones que sí lo son. En el padrón, por ejemplo, hay inscritos que viven en Miraflores y Jesús María.

El equipo veedor también encontró un alto nivel de desinformación sobre Pensión 65, incluso entre los beneficiarios. El 50% de consultados en Puno, Ayacucho, Apurímac y Supe desconoce por qué recibe este subsidio. La encuesta fue realizada en febrero y octubre de 2012.