El (INPE) firmó un convenio con un procesado por la Corte Superior de Justicia de La Libertad por el “delito contra la seguridad pública, en su modalidad de peligro común, por la comercialización y tenencia ilegal de armas de fuego, en agravio del Estado-Ministerio del Interior”.

El asegura que se trata del ciudadano venezolano Jean Pierre Denisse Oyarzabal, dueño y apoderado de la firma Tele Taxi, quien se hizo conocido en Trujillo por donaciones de este tipo.

El 25 de julio de 2012, el alcalde de La Esperanza, Daniel Marcelo, anunció que Tele Taxi donaría 28 bloqueadores de celulares y que la comuna iba a adquirir los accesorios adicionales para los equipos. Llamó la atención que el penal estuviera ubicado en El Milagro, en Huanchaco. Es decir, fuera de la jurisdicción del referido burgomaestre.

El citado diario, sustentado en documentos a los que tuvo acceso, refiere que ante la insistencia del ciudadano venezolano, se suscribió el convenio entre el INPE, el municipio de La Esperanza y Tele Taxi, pero la empresa fue representada por Tania Ortiz, esposa de Denisse.

La empresa puso como condición para la donación que se mantuviera “en absoluta reserva la información de las características” de los equipos, así como la ubicación “al interior del establecimiento trujillano”. Además, la misma firma elaboró especificaciones técnicas del municipio para comprar accesorios adicionales por S/.92 mil 820.

El 14 de diciembre, Peruven Radiotelevisión Internacional SAC, del mismo propietario, obtuvo la buena pro. Asimismo, Denisse declaró en un medio local que los accesorios se entregaron y fueron instalados el 22 de diciembre. No obstante, el contrato fue firmado recién el 4 de enero de este año.

Tras la inauguración de los sistemas de bloqueo, la Oficina de Sistemas de Información del INPE comunicó que los equipos no fueron fabricados para instalaciones de máxima seguridad y no sirven. ¿Por qué el INPE aceptó que la comuna aceptara el convenio sin un estudio previo?

La Comisión de Fiscalización del Parlamento recibirá este miércoles al burgomaestre para indagar sobre el caso. También será presentado el informe en el que se detalla la sospechosa donación y se advierte que la ejecución del convenio habría puesto en peligro la seguridad del penal, pues la empresa iba a manejar información privilegiada.

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