De los 1.841 alcaldes que hay a nivel nacional, 1.699, es decir, el 92%, son investigados por presuntos actos de vinculados a los delitos de peculado de uso, malversación de fondos, negociación incompatible y colusión.

De acuerdo a un informe de la Procuraduría Anticorrupción, son 126 alcaldes provinciales y 1.245 distritales los que están inmersos en estas pesquisas. Además, 429 exalcaldes provinciales y 1.326 distritales son investigados por los mismos delitos.

En total, la procuraduría sigue 21.807 casos de investigaciones fiscales y juicios a burgomaestres de todo el país.

Entre los casos más emblemáticos figuras los de los alcaldes de Julcán (Lambayeque), Mercedes Castro Arteaga; de Concepción (Junín), Máximo Chipana Hurtado; y de Maynas (Loreto), Máximo Chipana Hurtado. Cada uno de ellos tiene 13 casos en su contra.

es la región con mayor cantidad de funcionarios investigados: 46 alcaldes provinciales y 146 distritales. Después está La Libertad: 42 provinciales y 80 distritales.

El procurador anticorrupción Christian Salas advirtió que este total, la mitad está postulando a la reelección.

Según explicó, mientras no haya un control debido, estas irregularidades continuarán por la facilidad que tienen los funcionarios para disponer de los bienes del Estado.

“Hay una tentación directa. Un alcalde no puede agarrar dinero del Estado para su campaña electoral o de una obra de alcantarillado para construir una canchita de fútbol”, indicó.