La comisión de fiscalización del Congreso de Perú determinó que existen “indicios razonables” de que el expresidente de la FPF, , cometió un presunto delito de lavado de activos durante su gestión al frente del máximo organismo del fútbol peruano.

La comisión parlamentaria aprobó por mayoría el informe final de su investigación a las presuntas irregularidades de Manuel Burga cuando estuvo a cargo de la FPF y lo pondrá a disposición de la Fiscalía para que lo considere en la investigación que tiene abierta actualmente contra el exdirigente.

El presunto lavado de activos cometido por el exdirigente se dio en la modalidad de “ocultamiento y tenencia” a partir de acciones ilícitas como fraude en la administración de una persona jurídica y defraudación tributaria, entre otros delitos menores.

” Manuel Burga también habría facilitado el establecimiento de las condiciones favorables para el irregular desvío de los recursos dinerarios de la Federación Peruana de Fútbol”, añadió el informe.

Además de Manuel Burga, el documento final de la investigación también incluye como autores del presunto delito de defraudación tributaria en agravio del Estado a otros investigados como Máximo Franco, Edgar Araníbar y Pacheco Farromeque.

Manuel Burga se encuentra encarcelado de manera preventiva desde diciembre y pendiente de ser extraditado a Estados Unidos por su presunta implicación en el escándalo de corrupción de la FIFA.

El Poder Judicial de Perú aprobó la extradición del expresidente de la FPF por el presunto delito de asociación ilícita para delinquir, uno de los tres delitos que le imputa Estados Unidos, ya que los delitos de fraude electrónico y lavado de dinero fueron desestimados por los magistrados peruanos que valoraron el pedido de extradición.

Manuel Burga se encuentra entre los dirigentes sudamericanos acusados de haber recibido sobornos de la empresa Datisa en el proceso de la adjudicación de los derechos de televisión de la Copa América para sus ediciones de 2015, 2016, 2019 y 2023.

La investigación de la Fiscalía estadounidense contempla sobornos que presuntamente alcanzarían los 200 millones de dólares incluye 92 cargos por delitos que van desde organización mafiosa y fraude masivo hasta blanqueo de dinero, y los acusados se enfrentan a un máximo de 20 años de prisión.

EFE

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