Manuel Burga argumentó que el proceso electoral se rige por el estatuto de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) donde se permite reelecciones sucesivas, por lo que a su juicio su inhabilitación no tiene sustento, ya que esta se basaba en la ley de Perú, que prohíbe la segunda reelección de cargos públicos.

También mostró sentencias judiciales que defienden la compatibilidad entre ser dirigente de la FPF y funcionario público, ya que el opositor Agustín Lozano fue inhabilitado por ser alcalde del distrito de Chongoyape.

Manuel Burga postula nuevamente a un cuarto mandato al frente de la FPF bajo sospechas y denuncias de delitos de corrupción, como el de lavado de activos, que son objeto de investigación por parte de la fiscalía y la procuraduría especializada en ese tipo de delitos.

Las sospechas de corrupción se avivaron el domingo cuando Poder aseguró que Burga incurrió en malversación de fondos en 2007 y 2008 a través del Instituto Alfonso Huapaya Cabrera, que la justicia no investigó porque el informe policial que lo incriminaba fue cambiado antes de llegar al juez.

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