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Messi puede ir a prisión tras inesperado pedido de fiscal en España

Messi afronta condena de 21 meses de prisión en España por fraude fiscal. (Video: YouTube)

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El fiscal pidió al Tribunal Supremo en España que confirme la pena de 21 meses de cárcel, que la Audiencia de Barcelona impuso a Lionel Messi, en el escrito que ha presentado ante los magistrados para su deliberación sobre los recursos del astro argentino y de su padre Jorge Messi.

El Tribunal Supremo revisó este jueves, en una deliberación a puerta cerrada, los recursos que Lionel Messi y su padre presentaron contra las condenas por delitos fiscales (21 meses de cárcel para cada uno) que les impuso la Audiencia de Barcelona por fraude fiscal.

La Audiencia de Barcelona condenó a Lionel Messi y a su padre por haber defraudado 4,1 millones a Hacienda mediante un entramado de sociedades interpuestas.

El Tribunal Supremo debe decidir si confirma o no esas condenas de Lionel Messi y su padre o, en su caso, si varía o no las penas impuestas. La sala ha estudiado el asunto pero no ha divulgado el fallo hasta que la sentencia sea notificada en próximos días.

Uno de los factores que tiene en cuenta el tribunal es la postura del fiscal y éste considera que Lionel Messi “debe ser considerado responsable de los delitos fiscales por los que ha sido condenado porque no podía desconocer que debía declarar y pagar impuestos por las sumas que recibía” a cambio de explotación de sus derechos de imagen.

El escrito que el fiscal ha presentado considera también que la condena a Lionel Messi por tres delitos de fraude fiscal se basa “en datos válidamente probados” y en “una motivación que no resulta ilógica ni arbitraria”.

En el caso de que el Supremo confirmara las condenas íntegramente, Lionel Messi y su padre podrían evitar la cárcel, al no ser las penas superiores a los 2 años. Pero ello dependería de la Audiencia de Barcelona, que también podría enviarles a prisión.

La Audiencia de Barcelona recriminó a Lionel Messi que optara por una “ignorancia deliberada” sobre la gestión de sus ingresos por la explotación de sus derechos de imagen, ante la “sospecha justificada” de que el entramado societario del que se valía no era “claro y nítido”.


EFE

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