La presidenta de Brasil, , fue y deberá afrontar un juicio político o impeachment, que podría terminar en su destitución. Sin embargo, no es la única mandataria en afrontar un caso de este tipo.

1. José Patricio Guggiari (Paraguay)

asumió la Presidencia de Paraguay en 1928. En 1931 una protesta de estudiantes en Palacio de Gobierno terminó con una violenta represión que dejó 11 muertos y más de 30 heridos.

El 23 de octubre de ese año, José Patricio Guggiari solicitó su propio juicio político para deslindar responsabilidades. Delegó el mando en el vicepresidente de la República, Emiliano González Navero.

Finalmente, José Patricio Guggiari reasumió la jefatura del Poder Ejecutivo el 27 de enero de 1932, al resolver el Congreso Nacional su inocencia en aquel suceso.

2. Fernando Collor de Mello (Brasil)

fue presidente de Brasil entre 1990 y 1992. Afrontó un juicio político en setiembre de 1992 por el Congreso de Brasil, luego de revelarse varios casos de corrupción a través de su tesorero de campaña, Paulo César Farías, quien utilizaba el tráfico de influencias y el lobby.

A pocos días de la votación en el Parlamento, Fernando Collor de Mello renunció a la presidencia de Brasil en diciembre de ese año. Si bien el Tribunal Supremo Federal lo halló inocente, el Parlamento lo declaró culpable y le quitó sus derechos políticos por ocho años, desde 1994 hasta el 2002.

Pese a ello, Fernando Collor de Mello retornó a la política y en 2006 fue elegido senador por el estado de Alagoas tras postular por el Partido Renovador Laborista Brasileño (PRTB). Luego se pasó al Partido Laborista Brasileño (PTB).

3. Dilma Rousseff (Brasil)

El Senado de Brasil aprobó someter a un juicio político a la mandataria y la apartó del cargo por hasta 180 días, tiempo máximo para que concluya el proceso y en el que será sustituida por su vicepresidente, Michel Temer.

Las acusaciones contra Dilma Rousseff se fundamentan en unas maniobras fiscales irregulares en las que el Gobierno incurrió en 2014 y 2015 a fin de maquillar sus resultados, que incluyeron la omisión de multimillonarias deudas con la banca pública.

A partir de la próxima semana, la comisión especial integrada por 21 senadores que analizó los méritos jurídicos de las acusaciones, se reunirá para definir un calendario de trabajo para el propio juicio político, que puede durar meses y en el que serán escuchados los testimonios de la parte acusadora y de la defensa.

Tras ello, será elaborado un informe final con las conclusiones del caso. El documento será votado en la comisión y, en caso de ser aprobado por una mayoría simple, será encaminado al pleno del Senado, que en una única sesión decidirá si Dilma Rousseff será destituida o no.

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