Rojas señaló que el tiempo para ponerse de acuerdo es difícil de precisar, pero que se estima un periodo de tres a cuatro meses. “El requisito ya está levantado”, acotó.

En el caso de Colombia y Perú y antes de empezar a negociar los acuerdos de exención, se deberá realizar un “análisis de riesgo”.

Esto significa evaluar una serie de criterios como el peligro que puede suponer la inmigración ilegal, el impacto para el orden público y la seguridad, las ventajas económicas o el efecto para el turismo y el comercio exterior.

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