De la solicitud de nulidad del peritaje se desprende que se deje sin efecto la disposición fiscal por la cual se declaró “no ha lugar” formular denuncia constitucional contra García Pérez, por la* presunta comisión del delito contra la administración pública y enriquecimiento ilícito en agravio del Estado*, según explicó el procurador adjunto, Christian Salas.

En marzo del 2013, la Procuraduría solicitó que la investigación fuera remitida a la megacomisión parlamentaria que investiga las presuntas irregularidades del segundo gobierno aprista.

Dicho pedido fue rechazado por la Fiscalía de la Nación al igual que el pedido para que se amplíen las medidas de levantamiento de secreto bancario, reserva tributaria y reserva bursátil de Alan García y de la empresa Popuventas SAC.

Sobre la nulidad del informe de los peritos y la referida disposición fiscal, el procurador dijo para Andina, que su solicitud tiene como base, entre otras, una resolución del Tribunal Constitucional que ordena a la Fiscalía de la Nación que se emita una nueva decisión.

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