El Poder Ejecutivo envió al Congreso de la República un proyecto para sancionar a aquellas personas o grupos que negocian con las interceptaciones telefónicas, a fin de que sean penados según la importancia de la información.

Así lo adelantó a la Agencia Andina el ministro de Justicia, Daniel Figallo, quien aseguró que esta medida “no supone ninguna intervención” respecto a lo que significa la difusión de estas interceptaciones por algunos medios de comunicación.

“Estamos proponiendo esta modificación para este tipo de delito y busca establecer una pena desde 4 años para adelante, dependiendo de la información interceptada y su gravedad”, indicó.

Explicó que en la actual normativa la pena iba de 1 a 3 años, pero ahora se está incrementando porque afecta la intimidad de las personas, que está protegida por la Constitución Política.

Figallo dijo que este cambio proveerá “una debida protección” a cualquier persona que sea afectada por este delito. Las penas privativas pueden elevarse hasta los 15 años.

TAGS RELACIONADOS